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@JoakinSalazar
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pharm David Morales, calificó de infructuosa y superficial el accionar de la Fiscalía General de la República (FGR), en casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado de El Salvador, entre los años 70`s y 80`.
El procurador participó en una audiencia especial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde presentó un informe sobre la impunidad que viven casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado en el país.
Casos como los asesinatos de los Jesuitas y dos colaboradoras, el de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Masacres como la del Mozote, el Calabozo, Tenango y Guadalupe y San Francisco Angulo, como también la desaparición forzada de niños y niñas durante el conflicto armado, son algunos de los casos en los que el procurador destacó que han quedado en la impunidad, debido al poco interés de la parte judicial del país.
En la audiencia en el CIDH, que fue transmitida vía internet, el procurador destacó que en El Salvador, las autoridades Judiciales como FGR, Sala de lo Constitucional y la misma Corte Suprema de Justifica (CSJ), no muestran interés en dar solución a grandes violaciones de los derechos humanos en el país.
“En el caso de los Jesuitas, la FGR trató de archivar el caso y finalmente el caso fue cerrado; Asimismo, el caso de Monseñor Romero sigue archivado desde 1983, sin que se hiciere alguna investigación de esto”, comentó Morales.
Asimismo, explicó que El Salvador no se mira una “perspectiva de Cambio”, en la que se deslumbre alguna señal sobre erradicar la impunidad de los hechos cometidos durante el conflicto armado.
Por su parte, la representación de la fiscalía justificó que no se ha hecho nada por encontrar justicia en estos casos por falta de recursos económicos y por falta de interés de las víctimas en darle seguimiento a las investigaciones sobre los hechos, lo que ha llevado a que los casos prescriban. Asimismo, la fiscalía demostró su poco conocimiento sobre los casos al confundir los nombres de las víctimas y lugares donde ocurrieron los hechos.
También la Fiscalía defendió la permanencia de la Ley de Amnistía, dado “que es gracias a ella que una persona que se alzó en armas ahora es presidente de El Salvador”, lo que generó el asombro a los asistentes.
Pese a ello, la mayoría de hechos violentos contra los derechos humanos y la población salvadoreña durante los años 70`s y 80`s fueron cometidos por el ejercitó salvadoreño, que fue lo que llevó a la población a alzarse en armas para responder a la represión.
El Procurador David Morales denunció que son las mismas excusas en todos los procesos, por lo que instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que realice una visita “In situ”, para que observe las condiciones en las que las autoridades judiciales dejan en la impunidad violaciones a los derechos humanos.
“La falta de recursos económicos no justifica el padrón de impunidad, no se necesitan miles ni millones de dórales para solicitar la derogación de la Ley de Amnistía”, respondió el Procurador David Morales.
En cuanto a la Sala de lo Constitucional, el Procurador denunció que dicha entidad ha aplazado la derogación de la Ley de Amnistía para los casos de Lesa Humanidad, los cuales no son retomados bajo dicha Ley.
Y es que la Sala de lo Constitucional ha sido una entidad que ha trabajado poco por los derechos humanos, haciendo y destacando más rápidamente resoluciones políticas de sectores de derecha, que resoluciones a favor de los derechos humanos del pueblo salvadoreño.
“La impunidad ha sido constante en El Salvador y es inaceptable la falta de justicia por parte de la Sala de lo constitucional”, expresó Leonor Arteaga, abogada de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), quien acompañó la denuncia junto a la PDDH.
Ante esta grave situación, la PDDH y la DPLF solicitaron a la CIDH que realizara un llamado al Estado Salvadoreño para que trabaje por erradicar la impunidad en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.
Asimismo, solicitaron que el CIDH exija al Estado que derogue la Ley de Amnistía que ya lleva más de dos años a la espera de una sentencia definitiva por parte de la Sala de lo Constitucional.
Por el momento, las partes esperaran el llamado de la CIDH en contra de las violaciones a los derechos humanos, lo que podría pasar en próximas fechas.
