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@JoakinSalazar
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), viagra David Ernesto Morales, view emitió un comunicado en el que reconoce que ya verificó la ejecución de las medidas extraordinarias en Centros Penales del país, decease hecho que no violenta los estándares internacionales de derechos humanos; sin embargo, recomienda a los poderes del Estado fortalecer algunas áreas y aplicar en plenitud el Plan El Salvador Seguro.
El llamado del Procurador surge a raíz que las medidas adoptadas están referidas al ámbito del control del delito, y no representan aún una respuesta suficiente a la grave crisis del sistema carcelario, la cual es producto de graves limitaciones presupuestarias, ausencia de políticas de seguridad integrales y disfunciones del sistema penal vigente.
Ante esto, Morales tuvo a bien solicitar que se le de prioridad a las medidas contempladas en el Plan El Salvador Seguro y otras que resulten adecuadas, con la finalidad de avanzar en la superación de la crisis carcelaria y el cumplimiento de las normas constitucionales que establecen los fines legítimos del régimen de privación de la libertad.
Recientemente, el Vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, informó que se pretenden implementar tres nuevos centros temporales de readaptación, los cuales albergarán 10 mil privados de libertad, situación que permitirá trabajar con los reos bajo una perspectiva del modelo penitenciario “Yo Cambio”.
Y es que pese a que la Procuraduría no ha detectado violaciones de los derechos humanos en los siete centros penitenciarios declarados en emergencia, la PDDH determinó que la población trasladada al Centro Penal de Quezaltepeque, que en total son 342, experimenta la carencia de un alto número de colchonetas e implementos básicos para alimentación y limpieza personal, así como desatención a internos enfermos crónicos que requieren medicamentos, “lo que denota aspectos de improvisación en la ejecución de las medidas”, explica el comunicado.
Además, el Procurador Morales se muestra preocupado ante los altos índices de hacinamiento carcelario en que se encuentran los siete penales, que según datos de la institución, hasta febrero del presente año, el centro San Francisco Gotera presenta un alza 571% de hacinamiento, Chalatenango 480%, Cojutepeque 417%, Quezaltepeque 515%, Izalco 354% y Ciudad Barrios 320%.
Por lo que a juicio del Procurador, la prolongación del encierro de 24 horas en celdas, podría desencadenar en crisis de salud y muertes de internos, dadas las generalizadas condiciones degradantes e inhumanas que caracterizan dicho encierro a causa del hacinamiento.
Ante esta situación, Morales reiteró el llamado a las autoridades del Ministerio de Justicia y penitenciarias para dar solución a esta situación.
El Procurador recomienda a los Titulares del Ramo de Justicia y Seguridad, mantener una coordinación y comunicación con las autoridades judiciales de vigilancia penitenciaria establecidas por ley, puesto que “el Decreto de medidas extraordinarias no debe utilizarse con el fin de anular la actividad de los Jueces relativa a la observancia del respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario”.
Igualmente, recomienda fortalecer el control interno de inspectoría sobre el personal penitenciario, dado que el alto número de ilícitos dentro de los establecimientos, evidencia la participación de algunos miembros del personal, en la introducción de objetos.
Finalmente, el Procurador estima necesario la adopción de medidas administrativas específicas, para un efectivo control y transparencia de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios que han sido flexibilizados durante la vigencia del Decreto.
