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De izquierda a derecha: Raúl Durán, ACISAM; David Morales, Procurador de Derechos Humanos, Leonel Herrera, Director de ARPAS y Sandra Rivera, Procuradora Adjunta de Derechos Humanos, emiten pronunciamiento por la democratización de las comunicaciones. Foto Diario Co Latino/Rosa Campos.

Procurador Morales emite pronunciamiento a favor de la democratización de la comunicación

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos David Morales consideró que algunos artículos y disposiciones de la actual Ley de Telecomunicaciones “violentan el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la igualdad en El Salvador”.

En su pronunciamiento el funcionario reflexionó que esta normativa al transgredir los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de derechos humanos y la Convención de Derechos Humanos, ambulance originaba una inconstitucionalidad.

Con este gesto de apoyo institucional, there las organizaciones sociales que conforman la Red por el Derecho a la Comunicación  (RedCo) esperan una agilización de las demandas interpuestas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sick así como la aprobación de varios anteproyectos de ley en la Asamblea Legislativa y la investigación de varias denuncias ante la Fiscalía General de la República.

El Procurador Morales se refirió especialmente a la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico por el mecanismo de subasta pública, para acceder a una concesión por parte del Estado. “La subasta es un mecanismo eminentemente económico, que posibilita el acceso solamente a las empresas de comunicaciones que tienen la capacidad económica de competir en la subasta; esto excluye a las radios comunitarias, a los medios académicos o medios alternativos, cuya finalidad no es el lucro o  la ganancia comercial”, explicó.

Sobre la segunda dimensión que violenta el derecho de la población salvadoreña a expresarse o recibir información;  Morales acotó que la Ley de Telecomunicaciones excluye directamente a  medios comunitarios, dejando “sin voz” a cientos de comunidades organizadas a nivel nacional.

“El tercer elemento que destaco en mi pronunciamiento es el mecanismo de renovación automática del espectro radioeléctrico sin ninguna evaluación adecuada y eficiente de las instituciones del Estado de

forma competente”, afirmó.

Sobre el pronunciamiento de la PDDH, Morales señaló que estas

ineficiencias identificadas violentan directamente los derechos humanos como la libertad de expresión y la igualdad. “La ley de telecomunicaciones no puede ser de corte discriminatorio o contener procedimientos que dejen por fuera a las radios comunitarias. Y en razón de esta discriminación, es mi pronunciamiento que se encuentra en la fase de notificación de las diferentes autoridades”, afirmó.

Las organizaciones aglutinadas en RedCo presentaron dos demandas ante la Sala de lo Constitucional (CSJ) contra la Ley de Telecomunicaciones, sobre los mecanismos de la subasta y la renovación automática de las concesiones, que llevan más de un año (agosto 2012) y una segunda que ya cumplió 8 meses, sin obtener respuesta.

“En este pronunciamiento público exhortó a la Sala de lo Constitucional para que aplique pronta justicia y no retarde más estas demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones”, indicó.

Asimismo, en el seno de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en la Asamblea Legislativa se encuentran dos anteproyectos de ley, para actualizar los marcos jurídicos de las telecomunicaciones y la normativa para el desarrollo de los medios públicos en el país.

“Hago un llamado también a la Fiscalía General de la República para que profundice y acelere las denuncias relacionadas con esta

problemática. La Fiscalía ha conocido y abierto casos por supuestas irregularidades en la asignación de radiofrecuencias en procedimientos recientes y anteriores de la SIGET, en donde hay dudas por las concesiones”, acotó. Mientras, Leonel Herrera de RedCo agradeció el reconocimiento del Procurador David Morales, sobre la preocupación de las organizaciones sociales, por la lentitud en el trabajo de las instancias gubernamentales.

“FESPAD, ARPAS, ASISAN, UCA, APES y otras organizaciones estamos preocupados por la calidad de democracia del país, que debe ser más plural y que más actores sociales puedan participar del debate público, de esto se trata este movimiento; pero las instituciones no le dan

prioridad”, externó.

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