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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se pronunció ante el Decreto Legislativo 632 que contiene la Ley Especial para proteger los Derechos de Personas durante el Estado de Emergencia.
El procurador José Apolonio Tobar Serrano señaló que mientras la Asamblea daba un mensaje de compromiso con la vigencia de los derechos al aprobar el decreto y ratificarlo al superar el veto presidencial, esto cambi horas después con la aprobación del decreto 639 que contiene la Ley de regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por el COVID-19.
Y ha sido, basado en el 639, que el órgano Ejecutivo ha decretado un nuevo decreto, el 22.
En un comunicado el procurador señala que es indudable la potestad normativa que la Constitución le atribuye al órgano Ejecutivo, pero determinadas materias están reservadas a la competencia de la Asamblea Legislativa.
Y afirma “que constitucionalmente la restricción de derechos fundamentales solo puede hacerse mediante ley formal, es decir, dictada por la Asamblea Legislativa y no por reglamentaciones del órgano Ejecutivo”.
Tobar afirmó que algunos puntos del Decreto Ejecutivo 22 le preocupan por establecer una restricción a la libertad individual de las personas no autorizadas por la ley que se pretenden desarrollar en el decreto 639.
Una de estas -según el procurador- es la referente a que las personas autorizadas a circular usen mascarillas y de no hacerlo serán enviadas a un centro de cuarentena, pero esta sanción no está cubierta por la ley en el 639.
El procurador afirma que solo esta medida afectará a las personas de escasos recursos que no tienen acceso a mascarillas, y no hay un programa del Gobierno que las entregue gratuitamente a la población.
