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@JoakinSalazar
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, rindió su informe de labores ante la Asamblea Legislativa, en el que destacó que ha nivel nacional se ha realizado un total de 14,310 actividades en pro de la protección de derechos humanos de los salvadoreños.
El Informe de Labores de la PDDH, que corresponde al periodo 1 de junio de 2015 al 31 de mayo de 2016, destaca que de los 14 mil acciones 7,872 son orientaciones; 1,883 denuncias admitidas; 2,541 oficios emitidos; 669 resoluciones iniciales elaboradas; 1,333 resoluciones finales; un caso archivado y 11 medidas cautelares emitidas.
Según el reporte, de las denuncias recibidas, el derecho más vulnerado ha sido la integridad personal; luego el derecho al trabajo; el derecho a la seguridad personal; el derecho a la intimidad; derecho al debido proceso administrativo; libertad personal; el derecho de acceso a la justicia; derecho a la vida; a la salud; el derecho a la propiedad; entre los principales.
El Procurador destaca que se ha condenado hechos de violencia, muchos de ellos cometidos por estructuras de pandillas y otros grupos delictivos, como el asesinato de la activista transgénero Francela Méndez, hecho ocurrido en junio de 2015; la masacre de once trabajadores en San Juan Opico, en marzo de 2016; el asesinato de Nicolás Humberto García, periodista comunitario en Tacuba, Ahuachapán.
Asimismo, la privación de libertad y posterior asesinato de Julio Alberto Torres Alegría, Alcalde del municipio de San Dionisio, ¡entre otros casos. Igualmente, se ha demandado investigación y sanción para los responsables de ataques y asesinatos en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, personas adultas mayores, niñas y niños, defensores y defensoras del medio ambiente.
En cuanto al trabajo de la Procuraduría de vigilar la situación de las personas privadas de libertad, en este último año se ha realizado un total de un mil 278 verificaciones permanentes en los centros penales, bartolinas policiales, centros hospitalarios, instalaciones militares, centros de reeducación para menores, resguardos u otros lugares en los que se encuentran personas privadas de libertad.
Además, la Procuraduría, en el último año, ha emitido pronunciamiento en contra de las violaciones de derechos humanos de la población LGBTI, personas con VIH, población migrante y sus familiares, como también en la defensa de los derechos de las mujeres.
Finalmente, el Procurador destacó que la institución que más ha sido señalada como presunta violadora de derechos humanos continúa siendo la Policía Nacional Civil (PNC); seguida de la Fuerza Armada; los Gobiernos locales; Fiscalía General de la República; los Tribunales y Juzgados; red pública hospitalaria; el Ministerio de la Defensa Nacional; los Centros Penitenciarios; Ministerio de Salud; la Procuraduría General de la República; y el Ministerio de Educación.
