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Por Leonel Herrera*
La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, encargada de promover y defender los derechos humanos En Salvador, acaba de violar el derecho a la presunción de inocencia de 70,000 personas detenidas bajo el régimen de excepción. Entre éstas 7,000 que ya fueron liberadas porque no se les encontró ningún vínculo con pandillas.
Esto sucedió la semana pasada, durante la XXVIII Asamblea y el XXVII Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, realizada en la ciudad colombiana de Barranquilla.
En sus declaraciones, retomadas por medios de prensa salvadoreños, la procuradora Caballero aseguró que “poco más de 70 mil personas han sido capturadas (durante el régimen de excepción) y son las que tenían el control de los territorios y provocaban los asesinatos”.
Vale decir que éste no es el primer foro internacional donde la procuradora deja de lado su rol de fiscalizadora de las acciones y omisiones estatales que violentan derechos humanos y se asume como propagandista del gobierno de turno. El pasado 19 de junio, en México, durante un coloquio organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Caballero justificó el régimen de excepción y elogió el estilo autoritario del actual presidente.
Pero esta vez fue más lejos y afirmó que todas las personas detenidas durante el régimen de excepción son delincuentes, como si fuera el fiscal que investiga o algún juez que condena y como si no existiera ese elemento central del debido proceso penal llamado presunción de inocencia.
La procuradora no está cumpliendo su rol constitucional. En vez de avalar medidas de seguridad violatorias de derechos humanos debería denunciar las detenciones arbitrarias de personas inocentes, los 200 asesinatos en las cárceles y las miles de torturas cometidas durante el régimen de excepción.
Debería pronunciarse por políticas de seguridad efectivas para combatir a los grupos criminales; pero también exigir medidas igualmente eficientes para la protección de los derechos de las personas inocentes.
También debería pronunciarse por la inacción gubernamental frente a la crisis alimentaria, el alto costo de la vida, el desempleo, los bajos salarios, la falta de pensiones dignas, la falta de agua potable, la destrucción ambiental, la violencia contra la mujer, la falta de acceso a la información, etc. La falta de solución a éstos y otros problemas violenta derechos humanos.
Desde hace más de un año ADES Santa Marta, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y otras organizaciones vienen denunciando preocupantes señales de la posible reactivación de la explotación minera, lo cual representa graves amenazas al derecho al agua, a un medioambiente sano, a la salud, la seguridad, la integridad y la vida del país entero.
Sin embargo, Caballero no se pronuncia sobre eso, aun cuando la Procuraduría mantuvo una postura firme de rechazo esta nociva industria extractiva y apoyó la aprobación de la ley que la prohíbe. Tampoco se ha pronunciado contra la detención ilegal de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES que se oponen a la mineria.
Ojalá que pronto la ciudadanía se levante y se movilice para restablecer el rol constitucional de la institución defensora de los derechos humanos, hija predilecta de los Acuerdos de Paz.
La procuradora, por su parte, debería reaccionar y cambiar de actitud, ya que su afán de quedar bien con el gobierno y el presidente no solo la aleja de su función constitucional, sino que la tira al basurero de la historia por no estar a la altura de las exigencias del momento oscuro que vive el país.
*Periodista y activista social.
