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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes de varias organizaciones civiles consideraron que las actitudes tomadas por algunos funcionarios públicos, contra personas que critican las acciones equivocadas del Gobierno, representan una
amenaza constante a la libertad de expresión en el país.
Al respecto, Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) expone que la libre expresión del pensamiento es un derecho inherente de los seres humanos, el cual debe ser respetado por los gobiernos y, más aún en El Salvador, ya que su reconocimiento costó once años de guerra.
“La libertad de expresión fortalece la democracia siempre que no subvierta el orden público, lesione la moral, honor, vida privada de los demás ni se utilice para infringir leyes”, reza el comunicado publicado por PROES que, además, destaca que los seguidores del actual Gobierno usan los medios de expresión para hacer todo lo que prohíbe la Constitución de la República.
PROES se refirió a la destrucción información de equipos de algunos periodistas, efectuada por la PNC; negativas de voceros gubernamentales de responder preguntas en conferencias de prensa, prohibición de entrevistar a funcionarios públicos, así como el ataque de Ernesto Sanabria, jefe de Comunicaciones de la Presidencia, hacia la Red Informativa ARPAS, como acciones que buscan coartar la libertad de expresión que, además de violar la Constitución, buscan desestabilizar al país.
Sanabria acusó en sus redes sociales a la Red Informativa ARPAS de ser uno de los “brazos mediáticos” de la izquierda representada por el FMLN, por el simple hecho de difundir una petición de la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras dirigida al Ejecutivo, en la que instan a no obstaculizar la labor periodística.
La organización de profesionales sostuvo que en el marco de la emergencia por COVID-19 que vive el país, los medios de comunicación, instituciones de la sociedad civil y ciudadanía juegan un rol importante denunciando las violaciones a derechos humanos perpetradas por agentes de la PNC y efectivos de la FAES.
PROES responsabilizó directamente al presidente de la República, Nayib Bukele, por las acciones de funcionarios gubernamentales que amenazan la libertad de expresión, ya que consideró que son contrarias a la obligación que demanda su cargo, que es cumplir con la Constitución de la República, además de garantizar la armonía y paz social.
