Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
El despido de cuatro mil empleados públicos, la supresión de programas sociales y la existencia de partidas con fondos millonarios y sin destino claro, son algunas de las irregularidades que no fueron solventadas tras la aprobación del Presupuesto 2020, aseguran los Profesionales por la Transformación, lo que perjudicará a la población más vulnerable.
PROES emitió un comunicado en el que destaca que hay una serie de proyectos sociales que se verán afectados con la ejecución del Presupuesto 2020. “Suprime 13 programas sociales y económicos creados desde el 2009, incluyendo tres que están amparados en la Ley de Desarrollo y Protección Social. También le recorta fondos a cinco programas que benefician a las familias campesinas, mujeres, jóvenes, adultos mayores, micro y pequeños empresarios y otros sectores de bajos ingresos. Además, reduce en $9 millones el subsidio al gas”, dicta el escrito.
En el caso de la cartera de Salud, PROES asegura que el Presupuesto consolidara el desmontaje de la reforma iniciada en 2009, además de los ECOSF ya cerrados se le recorta $33 millones de dólares al primer nivel de atención y se hace énfasis en el enfoque curativo que beneficia a droguerías y farmacias privadas.
De igual manera, PROES critica que se este destinando $104 millones de dólares para el área de Seguridad, defensa y FGR, es decir, al aparato coercitivo del país. “Los partidos de derecha también aprobaron una amnistía tributaria que le perdona intereses y multas a los deudores con el fisco. Hace unos años se aprobó una amnistía en un contexto de crisis fiscal provocados por fallos de la Sala de lo Constitucional que afectaron las finanzas públicas, pero esta vez incluye casos que están en mora y con procesos abiertos en FGR que podrían beneficiar a algunos de los que aprobaron el decreto”, advierten.