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Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El 29 de marzo de 2017 se aprobó el Decreto No. 639, que contiene la LEY DE PROHIBICIÓN DE LA MINERÍA METALICA.
Llegar a ese momento costó años de lucha, para que más pueblo tomara conciencia de la fragilidad ambiental del país y la importancia de prohibir la minería metálica en todo el territorio nacional.
Organizaciones no gubernamentales habían estudiado los impactos negativos que acarrearía la explotación de oro y de cualquier mineral en nuestro suelo, lucharon junto a las comunidades, especialmente de las comunidades de los departamentos de Cabañas y Chalatenango; en esa lucha perdieron la vida varios líderes de la lucha ambientalista y contra la minería metálica.
La vida en nuestro territorio es incompatible con el envenenamiento del suelo y del agua, que provocaría la explotación minera y, en la medida que esto fue siendo comprendido y conociendo cómo empresas extranjeras, una de ellas de origen canadiense, buscaban explotar la minería, se asumió la importancia de que la población y sus distintos agrupamientos e instituciones expresaran, ante las fuerzas políticas, su rechazo a la explotación minera en el país.
El partido FMLN realizó, en los primeros tiempos de esa batalla, una marcha que duró dos días, desde Chalatenango hasta el Centro de Gobierno en San Salvador, pero los partidos de derecha simplemente guardaban silencio y hablaban de la minería con métodos ambientalmente sostenible, algo que los conocedores del tema saben que es imposible en nuestro país, densamente poblado, pequeño, con índices altos de deterioro ambiental y dependientes del Río Lempa.
Las iglesias, especialmente la Iglesia Católica, asumieron esta misma exigencia, como una forma de expresar su defensa de la vida y, en diferentes parroquias, recogieron miles de firmas dentro de su feligresía para presentarlas ante la Asamblea Legislativa, como expresión de exigencia para prohibir la minería metálica y, ese día 29 de marzo de 2017, antes de la Semana Santa de ese año, se hicieron presentes en el palacio legislativo.
Representantes de la mayoría de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, salieron a recibir ese reclamo y a comprometerse con hacer realidad la ley demandada por el pueblo consciente. Así se llegó a la aprobación de esta importante ley que debe mantenerse en nuestro país.
Ese decreto contiene seis considerandos y once artículos, Le dieron iniciativa diputadas y diputados del FMLN, Gana, PCN y PDC.
El Artículo 2 establece que se prohíbe la minería metálica, que incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo. También se prohíbe el uso de químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros en cualquier proceso de minería metálica.
En ese mismo artículo se da un plazo de dos años a la minería artesanal, de pequeña escala, para cambiar a otra actividad productiva.
Ese decreto obliga al ministerio de economía y al de medio ambiente a aplicar medidas de remediación ambiental, de daños causados por minas en las regiones afectadas.
La ley es de orden público y derogó las disposiciones sobre minería metálica que estén contenidas en la ley de minería que había sido aprobada en 1996.
Las condiciones socio ambientales que existían cuando por convicción unos, y por responder a la presión popular otros, las y los legisladores aprobaron el citado decreto, se mantienen y la vulnerabilidad ambiental más bien se ha agravado, por efectos de la acción humana y de políticas permisivas, así como por efectos del cambio climático.
La mayoría de la población seguiremos y seguirán otras generaciones requiriendo del agua potabilizada y tomada principalmente del Río Lempa y de ríos subterráneos, por lo que nuestro pueblo debería reiterar la exigencia de mantener la vigencia de esta ley y no permitir que, por el afán de tener dinero para unos pocos, resulte dañada toda la población salvadoreña.
Las declaraciones del presidente de la República, en el sentido de ver como malo que seamos el único país del mundo que tiene una ley así, es preocupante; también somos el único país del mundo que tiene al BITCON como moneda de curso legal, y se ve que le gusta ufanarse de tener la cárcel más grande o creer que tenemos el mejor hospital del mundo. De manera que debería mejor indagarse de la opinión de la gente que potencialmente sería la primera en verse afectada, si esa ley se revierte para otorgar permiso de explotación.
En Países como Panamá o Guatemala la lucha popular ha obligado a retroceder en decisiones de gobierno permisivas para la explotación minera, para evitar males mayores. Ojalá aquí baste con mantener la vigencia de una ley que costó mucho aprobar.
