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@GloriaCoLatino
Marcos Gálvez, check presidente de CRIPDES, organización que suma esfuerzos en la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, expresó el interés de incidir, por una ley que prohíba la industria minera en el país.
“Este es un compromiso de nación que deberá realizar la nueva Asamblea Legislativa, una normativa que proteja a la población que votó por ellos”, afirmó.
Con la nueva conformación de las autoridades legislativas y gobiernos locales, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica se preparan para aunar esfuerzos por la prohibición de la minería erradicando la exploración o explotación que realiza esta industria.
“Nos deja de alguna manera preocupación en el sentido de la forma en que está constituida (la comisión) según nuestra experiencia en períodos legislativos anteriores no se ha dado importancia a temas ambientales; primero, por partidos políticos que no han querido comprometerse con la agenda ambiental”, afirmó.
Para Gálvez, es importante que todos los partidos políticos, sin importar su identidad ideológica, tomen conciencia que la explotación minera en el país tendría consecuencias nefastas e irreversibles para la vida de la población y el medio ambiente.
El avance en la “agenda ambiental”, consideró Gálvez, debe desarrollarse de manera armonizada e integral; porque el impacto de los desastres y las consecuencias de no prevenir, no solo afectarán a un sector de la población, si no toda la nación.
Mientras, algunos gobiernos municipales como San Isidro Labrador, San José Las Flores y Nueva Trinidad, del departamento de Chalatenango, han tomado medidas y han emitido “ordenanzas” que prohíben la actividad minera en sus territorios. Basándose en que ningún tratado comercial (CAFTA) está por encima del derecho a la vida de los pueblos.
“Estas leyes deben ser -punto de honor- para la nueva legislatura con los temas de prohibición de la industria de minería metálica y con otras, que se complementan como la Ley General de Agua, la Ley de Soberanía Alimentaria y las reformas para la Ley de Gestión de Riesgo, todo guarda una relación ecológica”, sostuvo.
En cuanto, a la reforma constitucional al artículo 69, que da carácter de derecho humano al agua y la seguridad alimentaria, Gálvez expresó que será el centro de la agenda de trabajado de las organizaciones sociales y ecológicas del país.
“Nosotros hemos venido trabajando desde hace algunos años en estos temas, y tenemos identificados cuales son los partidos políticos que no ponen atención al medio ambiente y prefieren debatirlo desde la perspectiva económica, antes de tomar en cuenta, la incidencia negativa que tendría para la vida de las personas y los recursos naturales”, reiteró.
Asimismo, las organizaciones sociales prevén algún grado de dificultad y acciones encaminadas a bloquear estos temas, al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático por las propias agendas partidarias que obedecen a otro tipo de intereses, que están alejadas del bien común.
“Partidos como ARENA, PCN y PDC, no han tenido nunca un compromiso claro sobre estos temas y está evidenciado que en los últimos años han desarrollado una postura de oposición a leyes tan importantes que involucran los derechos humanos de la población como el agua, soberanía alimentaria, gestión de riesgo y la prohibición de las minerías”, puntualizó.
