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Por Leonel Herrera*
Mantener la prohibición de la minería metálica o provocar un desastre nacional de fatales consecuencias. Ésa es la disyuntiva que enfrenta el gobierno de Nayib Bukele en sus pretensiones de reactivar esta nociva industria extractiva, a pesar de estar prohibida en forma definitiva en ley aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017, resultado de un amplio consenso nacional anti minero.
La minería, como advierten los expertos, causa daños al medioambiente y la vida: destruye bosques, escasea el agua, genera drenaje ácido, causa enfermedades y deja enormes cantidades de desechos que constituyen una amenaza mortal para las plantas, los animales y las personas. Y en El Salvador esto sería todavía más grave debido a la estrechez territorial, la alta densidad poblacional y la crisis hídrica, sobre todo porque los proyectos mineros se realizarían en la franja norte del país que es la cuenca del Río Lempa, el principal afluente nacional.
Y por mucho que la propaganda y el lobby de las empresas mineras hablen de “minería verde” o “minería sostenible”, ésta no existe en ningún país del mundo, ni siquiera en los llamados países desarrollados. No hay minería metálica que no utilice millones de litros de agua y miles de galones de cianuro diariamente o que no deje toneladas de desechos tóxicos que causan daños ambientales irreversibles.
Pero a pesar de esta terrible amenaza, el régimen de Bukele apunta claramente hacia la reapertura de la minería metálica: lo confirman, entre otros hechos recientes, el ingreso del país a un panel intergubernamental que promueve la “minería sostenible”, la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos y minas que incluye la “minería de minerales”, los 4.5 millones de dólares del presupuesto estatal de este año para “revisar y actualizar” la ley prohibitiva de la minería, los compradores de terrenos con potencial minero en Cabañas y, más contundentemente, la arbitraria detención y encarcelamiento de los activistas anti mineros de Santa Marta y ADES.
Por eso, en el sexto aniversario de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, más de cincuenta organizaciones y personalidades publicaron esta semana una proclama nacional por mantener la proscripción de la minería. El pronunciamiento exhorta al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a “descartar cualquier intención de reforma, derogación o implementación de leyes paralelas que la contradigan”, señalando que “las condiciones socio ambientales que hacen inviable la minería ahora son aún más graves que cuando se aprobó la ley”.
(https://twitter.com/ades_sm/
En el mismo sentido, la destacada geóloga Dina Larios recomendó al gobierno “no arriesgarse con la minería metálica”. En un foro público organizado por la Mesa Nacional frente a la Minería, la científica salvadoreña radicada en Estados Unidos planteó que la minería no es opción de empleo, desarrollo económico o ingresos fiscales; al contrario, indicó que los Estados gastan cuantiosos fondos públicos durante décadas, siglos o milenios para mitigar los daños que deja la explotación minera.
Sobran, pues, las razones para afirmar que la minería representa un riesgo letal para el agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida humana. La industria minera sería -hasta irónicamente dicho- una grave amenaza para la continuidad del proyecto político y las aspiraciones oligárquicas del clan Bukele: ¿dónde gobernarían el presidente y sus hermanos si El Salvador desaparece a consecuencia de un desastre ambiental de las peores proporciones? El actual gobierno quedaría en la historia como el causante del desastre ambiental que acabó con el país.
Sin embargo, aún es tiempo de evitar esa catástrofe. A nadie le conviene “cortar la rama donde estamos todos parados”, como diría el célebre filósofo, teólogo y economista alemán Frank Hinkelammert.
*Periodista y activista social.
