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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Durante todo el año 2017 los diputados de la Asamblea Legislativa discutieron al interior de las comisiones de trabajo importantes anteproyectos de ley y modificaciones a legislaciones vigentes, que luego fueron aprobadas en el pleno con el fin de impactar de manera positiva en la vida de los salvadoreños.
En el mes de marzo, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el decreto de Ley de Prohibición de Minería Metálica en El Salvador, una legislación que llevó más de diez años de discusión. El dictamen fue aprobado con 69 votos. Esta normativa que consta de 11 artículos contempla la prohibición absoluta de la exploración y explotación minera en el país, así también el cianuro.
Luego, se aprobaron reformas al Código de Familia que incluyen la derogación del inciso segundo del artículo 14, que permite el matrimonio de menores de edad, si hay un embarazo o hijo de por medio. Esto significó que el matrimonio infantil quedó terminantemente prohibido, sin excepciones, en El Salvador.
En septiembre y tras un intenso cabildeo en el pleno, que derivó en trasladar la discusión a una comisión ad hoc por reformas de pensiones, los diputados determinaron que se tomara como base para la discusión un anteproyecto presentado por ARENA, GANA, PCN y PDC, que fue consensuado con el del Gobierno del FMLN.
Tras el acuerdo que se prolongó hasta altas horas de la noche, el Congreso salvadoreño aprobó las reformas al sistema previsional junto a dos decretos, uno transitorio y otro permanente, que servirán para modificar la Ley de Fideicomiso de Pensiones, con el objetivo de pagar la deuda previsional.
Otro de los temas que acaparó la atención de la Asamblea Legislativa fue la problemática de la seguridad, por lo que durante el mes de noviembre se aprobó un decreto de disposiciones especiales que tiene como finalidad proteger a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada (FAES), custodios de la Dirección General de Centros Penales, agentes de la Fiscalía General de la República y Órgano Judicial.
El decreto promete protección al cónyuge de cada funcionario y a sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cuando sean víctimas de delitos contra su vida, libertad y autonomía personal.
En razón de brindar mayor seguridad a sus agentes, las instituciones que trabajan en este tema deberán crear un protocolo para proteger a sus miembros con el apoyo de la PNC, los agentes también podrán pedir medidas de protección para ellos y sus familias.
A pesar de que se llegó a acuerdos positivos en estos temas, los parlamentarios dejaron cuentas pendientes para el 2018 como la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2018 y el anteproyecto de Ley de Aguas, los cuales de no ser resueltos a la brevedad posible experimentarán retrasos debido a las obligaciones propias del trabajo electoral que supone la proximidad de las elecciones para diputados y concejos municipales del año que viene.
