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Óscar A. Fernández O.
El ex general Carlos Eugenio Vides Casanova, medical no rx reconocido por dirigir uno de los cuerpos policiales más sanguinarios y temidos del pasado, click ha sido deportado de Estados Unidos, país donde “se ocultaba”, hacia El Salvador, después de que las autoridades federales estadounidenses lo acusaron de violación de derechos humanos y de participar personalmente en actos de tortura y asesinato durante la guerra civil que sacudió nuestro país en los años 80’s, cuando el ex oficial también formó parte de la fatídica “Tandona”, como se conocía el mando militar en ese momento.
En el año 2000, enfrentó un juicio entablado por los familiares de cuatro monjas estadounidenses que fueron asesinadas con lujo de barbarie por la hoy extinta Guardia Nacional que él comandaba. Posteriormente a los hechos, fue nombrado ministro de Defensa. (El Mundo.es 18-04-11).
Era la primera vez que Estados Unidos iniciaba un proceso de juzgamiento y deportación contra un ex oficial de un país latinoamericano acusado de torturas, en un conflicto que contó con el beneplácito y el financiamiento de la entonces administración Reagan.
No son pocos los testigos vivientes de aquella larga y oscura noche protagonizada por la dictadura militar, que hoy ven a un puñado de Generales viejos, afligidos y sobretodo sin el poder con el que decidieron el destino de miles de inocentes y le arrancaron la vida a muchos de sus prisioneros opositores, haciendo caso omiso de los tratados internacionales.
Cuando finaliza la segunda guerra mundial, la primera idea de los aliados fue ajusticiar a los dirigentes nazis, pero después de algunas reflexiones, se acordó crear un Tribunal Internacional que juzgara a los criminales de guerra en Nüremberg (Nov. 1945 a Oct. 1946)
Las razones para utilizar este recurso fueron: 1. Juzgar a cada uno para determinar su grado de responsabilidad, cómo principio de la justicia. 2. Que los crímenes cometidos eran monstruosos y que las huellas de esa barbarie debían conservarse, para que la historia se encargara de trasladarlo a las nuevas generaciones. 3. Causar impacto en la conciencia de los pueblos, dando a conocer aquellos rostros culpables y transmitir la seguridad de que los nazis y toda forma de fascismo y racismo nunca serían impunes. Sólo así se podría derrumbar el mito de una máquina de matar anónima, que causó tanto daño.
Los crímenes de guerra, son una categoría tradicional del derecho internacional que abarca las violaciones graves en perjuicio del combatiente enemigo y de la población que lo apoya, además de la protección de las personas que no participan de las hostilidades. Pero a partir de la segunda mitad del siglo pasado se establece una nueva categoría de delitos: los crímenes contra la humanidad, que juzga también a aquellos que al cometer los crímenes obraron amparados en la legalidad.
La Declaración de Moscú de octubre de 1943, firmado por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, el primer ministro inglés Winston Churchill, y el líder soviético Josef Stalin, afirmó que en la ocasión de un armisticio las personas consideradas responsables de crímenes de guerra serían mandadas al país en el cual los crímenes habían sido cometidos y ahí juzgados según las leyes de la nación interesada.
Por su parte, la tortura se volvió el arma preferida de los verdugos de la dictadura militar salvadoreña. Un movimiento cada vez mayor, formado por asociaciones civiles que luchan contra el terror y la impunidad de los Estados, han demostrado que la tortura, la desaparición forzosa y el asesinato con lujo de barbarie, fueron prioritarias formas de exterminio utilizada por las dictaduras militares latinoamericanas en los años ochenta. Entre estos países destacó El Salvador, según el informe de la Comisión de la Verdad. (Informe “De la locura a la esperanza: la guerra de doce años en El Salvador. 15 de marzo de 1993).
El médico y sicoanalista, Alexander Mitscherlich, militante antinazi, recuerda que la imagen del crucificado está asociada desde siglos a nuestra civilización, rara vez considerada como lo que en realidad era: el sometimiento de un hombre a la tortura con intenciones de matarlo, no sin antes hacerlo sufrir. La muerte sin dolor le era negada, porque ésta por sí sola no constituía un castigo suficientemente duro.
Debe quedar claro que toda ésta orgía de sangre no se trató de actos criminales infligidos por particulares sicópatas y asesinos, sino por autoridades gubernamentales, empleando especialistas formados y entrenados con la colaboración de otros Estados (militares, policías, agentes de inteligencia, magistrados, jueces, algunos médicos psiquiatras, etc.). Era una poderosa red de salvajismo y muerte, dónde el ciudadano común y el opositor político no tenían ninguna posibilidad de defenderse. Esto es lo que hace aún más repugnante el fenómeno.
¿Cuál puede ser el aporte de la confrontación de un pasado caracterizado por dictaduras militares criminales y las obscenas violaciones de los derechos humanos al proceso de construir la democracia en El Salvador? La confrontación con el pasado, es decir, el examen de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad durante el régimen dictatorial, es una parte integral e importante del proceso de transición hacia una democracia efectiva. Pero esta confrontación con el pasado se ve limitada por el contexto político, esto es, por las relaciones de poder dentro del proceso de transición y cambio en nuestro país, las que son además un indicador de la difícil situación que atraviesa el proceso de democratización.
El cambio político actual que se esfuerza por avanzar, a pesar de la decidida confabulación de la oligarquía ultraderechista, sus políticos y otros poderes de facto, acostumbrados a vivir de la arbitrariedad, sin duda exige la vigencia de los derechos humanos como un principio fundamental de legitimidad y requiere a su vez el rediseño de la administración de justicia, sobre lo cual se ha decantado un importante consenso de la ciudadanía. La necesidad de lograr este cometido supone, a la vez, una activa participación de los ciudadanos en el control del poder y ello aumenta la necesidad de contar con un Órgano Judicial que no sirva a los oscuros intereses de unos cuantos caciques.
Es, por tanto, moralmente obligatorio que se esclarezcan los crímenes contra el pueblos, que se exijan cuentas a los responsables y que se castiguen a los culpables. Solo así ahuyentaremos a nuestros demonios ocultos en el armario.
Toda confrontación con el pasado asume el carácter histórico-temporal; esto significa que la confrontación con el pasado (lo mismo que su aporte a la democratización) no es un proceso cerrado, sino un proceso que, atento a las exigencias políticas y a la constelación de fuerzas políticas, puede y debe replantearse de continuo.
Es posible que, en determinadas circunstancias, una sociedad prescinda del castigo de los torturadores y asesinos de uniforme, en aras de un objetivo superior; pero esta misma sociedad no puede renunciar a la condena moral de los crímenes.
Por eso, hay que distinguir muy bien entre la amnistía de los crímenes contra los derechos humanos, que en determinadas situaciones puede contribuir al proceso de pacificación, y la absolución moral. Para muchos apologistas de la amnistía, sobre todo del lado de los criminales, reconciliación política es igual a amnesia social. Para ellos, el abordaje del pasado debe ser sólo para echar al olvido, colectiva y forzosamente, los crímenes y los nombres de quienes los perpetraron. ¡No abramos las heridas del pasado!, suelen gimotear los culpables y sus cómplices que les alentaron. Recordemos lo que dijeron algunos judíos sobrevivientes de los campos de exterminio nazi: no hay falta más grande que pretender olvidar este horror.
De lo que pueden estar seguros los culpables de tantas atrocidades contra el pueblo, es que a estas alturas nadie les negará la oportunidad de defenderse, porque la legalidad de sus juicios será respetada con celo, lo cual ellos no hicieron con sus víctimas.
Cierto es que estas barbaries son producto exclusivo de la mente humana y por eso no desaparecerán por completo, pero donde quiera que se realicen habrá que perseguirlas y castigarlas si aún nos queda un poco de decencia, porque las heridas infringidas en el alma de miles de madres, nunca se terminan de cerrar.
Sólo con el fin de la impunidad, la sociedad salvadoreña comenzará a conocer la verdadera democracia, porque al final de cuentas el respeto a la vida, a la dignidad y a los derechos de las personas será, en resumen, el reflejo del cambio de esta nación hacia unas metas más altas. Es prohibido olvidar, de lo contrario nos quedamos sin historia.
