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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Un solo artículo del Decreto 90, aprobado por la asamblea legislativa, prohíbe por 90 días “toda concentración de personas en actos de carácter público o privado referidos a conciertos, mítines…”.
Y esto ocurre precisamente justo cuando una encuesta evidencia el rechazo mayoritario a la ley que impuso el bitcoin como moneda de curso legal.
El término usado es sutil, dice “suspendese”. Además, define entre las actividades suspendidas las fiestas patronales y los eventos deportivos. El artículo 4 obliga a toda persona natural o jurídica a acatar la ley y a la fiscalía a actuar de oficio ante el incumplimiento de la misma. El decreto no define a partir de cuántas personas que se reúnan puede considerarse prohibido, por lo que deja abierto el paso a la arbitrariedad y las sanciones pecuniarias son altas, entre 20 y 100 salarios mínimos urbanos para el sector comercio (hoy 300 dólares, y a partir de agosto 360).
De una vez, en el mismo artículo, las faltas a ese decreto las tipifican como delito penal y sin que medien criterios en la ley, establece la aplicación del artículo 338 del código penal, que establece que el que desobedeciere una orden dictada conforme a la ley emanada de un funcionario o autoridad publica en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de cincuenta a cien días multa.
En sus redes sociales el presidente Bukele anunció que a los alcaldes que violen esta ley les impondrían 100 salarios mínimos, es decir que no serán los jueces quienes lo establezcan, sino que de una vez el presidente les ordena a los jueces, por redes sociales, no en el texto de ley que él mismo propuso.
Los habitantes del sur de La Libertad habían hecho protesta por el alza de precios al pasaje, si sus exigencias fueran desoídas, y volvieran a protestar, serían sancionados, este es el mensaje implícito en ese decreto emitido por la asamblea.
Los argumentos usados para establecerlo se refieren al incremento de contagios del Covid 19, los datos que registra la región y las alertas de nuevas cepas. A ese respecto hay que recordar que diferentes médicos y asociaciones de médicos han criticado la falta de confianza en los datos oficiales sobre la pandemia, tanto de casos de afectados como de fallecidos.
Los médicos afirman que existe subregistro y lo lamentan, también han venido solicitando que se realicen campañas educativas que ayuden a la prevención y a la mayor responsabilidad de las familias, sin embargo, para muchos queda claro que en esta ocasión la restricción para realizar concentraciones tiene más bien un origen en la necesidad política de aplacar las protestas sociales.
Muchas cuestiones críticas para el gobierno están sucediendo y generando cada vez más descontentos, que potencialmente se expresan en la calle, donde al menos el pueblo se entera de esos reclamos.
Ninguna empresa investigadora de la opinión pública ha negado el respaldo al presidente, aunque se registre por igual, desacuerdo con algunas de sus actuaciones, pero es la más reciente encuesta de la Universidad Francisco Gavidia la que registra por primera vez que la mayor parte de la población desaprueba la imposición de una moneda virtual, sin regulación ni respaldo, eso ha de preocuparle al gobierno hábil en la comunicación política.
Hoy, como nunca, queda claro para muchas personas que el plan de control territorial y la propaganda sobre disminución de homicidios, solo esconde otras formas de la actuación criminal de las pandillas contra la población, contra jóvenes y mujeres; es decir, que cae la mascarada de política de seguridad exitosa.
Ese decreto recuerda otros que en dictadura militar emitiera la asamblea con mayoría pecenista, después del fraude electoral, pero al menos aquella ley definía el número de personas que de ser encontradas reunidas se declaraba prohibido.
Bueno es saber que a pesar de esas leyes de “garantía del orden público”, que existieron durante la vieja dictadura, las reclamaciones del pueblo se expresaron en la calle, y ahora para quienes queremos una ley de agua sin privatizaciones, para quienes rechazan los despidos y reclaman sus derechos laborales, esta ley que es un mensaje de “prohibido protestar”, representa un desafío, un reto para actuar legítimamente frente a esta nueva dictadura.
Otras actividades no prohibidas que representan riesgo de contagio seguirán, y es obvio que todos, no por ley, sino por conciencia ser responsables y observar medidas de bio seguridad; ojalá la información real fluyera para abonar a esa conciencia ciudadana y se dejen de utilizar estas restricciones, como la establecida en el decreto 90 para aplacar el descontento frente al gobierno que crece.
