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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) y organizaciones como la Asociación Febe Elizabeth Velásquez (ASOFEBE) y el Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos “Marianella García Villas” (CODEFAM), rechazaron la aprobación de la controvertida Ley de Reconciliación Nacional el pasado jueves 27 de febrero por la Asamblea Legislativa.
Voceros de los colectivos señalaron que la ley aprobada promueve la impunidad, puesto que la comisión especial encargada del estudio de las propuestas de ley estuvo conformada por parlamentarios que eran, a la vez juez y parte, entre los que mencionaron a Mauricio Vargas, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y a Antonio Almendáriz, del Partido de Concertación Nacional (PCN).
Manifestaron que la aprobación de una ley que no contempla los principios de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición se hizo solamente por el afán de “solventar el compromiso” de aprobar una ley antes del 28 de febrero, día en el que vencía el plazo dado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para emitir una legislación que reemplazara a la Ley de Amnistía, declarada inconstitucional en julio de 2016.
“No había una intencionalidad sincera de beneficiar o de hacer justicia a las víctimas de la guerra civil, sino de reimponer la Ley de Amnistía de 1993, en la que se favoreció a los victimarios con la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos que cometieron”, expresó Ricardo Pérez, representante de ASOFEBE.
El portavoz de ASOFEBE enfatizó en aspectos como las condenas para los crímenes de guerra, las cuales, según la legislación aprobada, podrán ser solo de la cuarta parte de la pena que la ley contempla, “imaginemos una condena de diez años, entonces, hará como dos años y medio realmente, y si eso se sustituye con andar pintando parques o estar encerrados en su casa, eso no es justicia”, opinó.
Para las organizaciones, la ley aprobada el jueves con apenas lo justo, 44 de los 84 votos del pleno legislativo, la voz de los colectivos de derechos humanos no ha sido escuchada y tenida en cuenta para formular una ley, lo que aseguraron va en contra de la misma sentencia de inconstitucionalidad, y a pesar de que son estos colectivos los que durante años han trabajado directamente con víctimas del conflicto armado.
Miguel Montenegro, director ejecutivo de la CDHES consideró que hacer justicia es el camino a la paz y reconciliación, pero que la ley promulgada no permite hacer justicia, por lo que esta obstaculiza a la vez la reconciliación. El vocero de la CDHES subrayó la disposición de la ley que establece que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con solo un año para investigar un caso en particular. Montenegro dijo que un año es insuficiente para las investigaciones de estos crímenes, dada la carga de trabajo de la institución fiscal, por lo que aseveró que una disposición como esta dejaría en la impunidad crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Las organizaciones de víctimas del conflicto armado cuestionaron también que el presidente Nayib Bukele haya suspendido desde el año pasado los efectos del decreto 204, el cual brindaba una serie de beneficios a víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos y a sus familias durante el conflicto. También, instaron a la Sala de lo Constitucional a vigilar este proceso y constatar si la ley emitida cumple con los parámetros dictados.
