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Yaneth Estrada
@caricheop
El equipo Ad Hoc que estudia reformas constitucionales propuso al Ejecutivo cambios en la Contraloría Pública y Social, la cual actualmente, solo la ejerce la Corte de Cuentas de la República (CCR), y donde entrarían la Contraloría General del Estado (ex CCR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Defensoría del Consumidor.
“Dichas entidades fiscalizarán los fondos públicos, el patrimonio del Estado, salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, promover el desempeño ético en la Función Pública y detectar las prácticas anti éticas y corruptas; garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia; y garantizar a los consumidores que los proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo, tanto públicos como privados e incluyendo los financieros, para que no ejerzan actos de abuso en su contra”, señalaron.
Sin embargo, desde la llegada del presidente Nayib Bukele, instituciones de contraloría pública fueron perdiendo espacio y autoridad, de tal forma que actualmente, el Tribunal de Ética Gubernamental y el Instituto de Acceso a la Información Pública, cuentan con personal a fin a Gobierno, afiliados al partido NI y no rinden cuentas, ocultan datos, restringen acceso a la prensa y blindan a funcionarios vinculados a actos de corrupción. Además, de destruir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General de la República.
Las contradiciones
En este sentido, el equipo comandado por el vicepresidente Félix Ulloa recomendó: “Para cumplir los anteriores objetivos, se propone que dichas instituciones gocen de autonomía administrativa y económica, además, quienes las integrarán no serán por cuotas partidarias, sino por una nueva propuesta de elecciones de segundo grado, que se basará en una lista de candidatos saldrán de los colegios de profesionales”.
En relación al tema de la Fuerza Armada, se propone reformar el Art. 215 de la Constitución, con el objetivo de sustituir al actual servicio militar obligatorio por un servicio de carácter voluntario, tal como en la práctica ya se realiza, agregándole un componente más de interés público, al incluir, para quien lo realice, una equivalencia para horas de servicio social o una plataforma para adquirir una profesión u oficio.
El Equipo Ad Hoc es coordinado por el vicepresidente de la República, Dr. Félix Ulloa hijo e integrado por el Dr. Mauricio Rodríguez Flores, la licenciada Karennie Rivas de Posada, el licenciado Marlon Harold Cornejo, el licenciado Adolfo Muñoz, quien a su vez funge como secretario. A ellos, se les une un equipo multidisciplinario de abogados con especialidad y experiencia en diferentes ramas jurídicas y la asesoría del Constitucionalista español, Cayetano Núñez Rivero.
