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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes de varias organizaciones de la sociedad civil que conforman la Plataforma Ciudadana Electoral se reunieron con diputados miembros de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, para presentar un pliego de reformas al Código Electoral y Ley de Partidos Políticos encaminadas la ciudadanización de los organismos electorales temporales y financiamiento de los institutos políticos.
Ramón Villalta director de Iniciativa Social para la Democracia (ISD) informó, que entre las modificaciones expuestas se busca los partidos reciban un porcentaje de la deuda política, el cual se destinará al fortalecimiento y desarrollo de los mismos.
“Lo anterior enfocado para que los partidos políticos inviertan en acciones orientadas a la formación y desarrollo de capacidades de sus militantes y a la investigaciones, por otra parte se plantean temas relativos al control de financiamiento de estas instituciones en épocas de campaña, para establecer límites tanto de gasto como de aportaciones financieras”, dijo Villalta.
Entre otros temas, la propuesta también contempla garantías legales a establecer en el Código Electoral para la observación electoral y que este tema no quede a discreción del Tribunal Supremo Electoral (TSE), además de temas relativos a la inclusión.
Villalta externó que con la propuesta se buscan procedimientos como el voto domiciliar, para facilitar el ejercicio del sufragio a personas con discapacidad que tienen problemas en más del 70 % para movilizarse, y el establecimiento de un proyecto piloto para que los privados de libertad pendientes de condena puedan votar.
Los proponentes también consideraron importante que en aras de la transparencia, el control de las finanzas de los partidos se extienda al dinero que los precandidatos en elecciones internas y aspirantes a escaños legislativos y municipales usen para financiar sus campañas. Eduardo Escobar miembro de Acción Ciudadana destacó que en cuanto al financiamiento, la Plataforma Ciudadana Electoral plantea la creación de una unidad de fiscalización de los partidos políticos para mejorar la capacidad del TSE en este tema.
“El Tribunal no verifica la veracidad de los listados de donantes de los partidos políticos ni los ingresos y gastos de los mismos, tenemos esa duda de si se está dando esta información, en el caso de los limites; en la actualidad una persona puede donar hasta un millón de dólares, monto que puede generar efectos nocivos para el sistema electoral”, sostuvo Escobar.
El representante de Acción Ciudadana indicó que con la reducción de los techos de donaciones, las organizaciones de la sociedad civil buscan que no se distorsione la competencia entre los partidos políticos en materia de recursos económicos, además de comprometer la independencia de los funcionarios públicos.
El pliego de reformas presentado por las organizaciones de la sociedad civil se unirá a otros presentados por diversos sectores en materia de legislación electoral, que se encuentran en estudio al interior de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa, las cuales se espera estén listas para su aprobación antes de febrero del próximo año.
