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Gloria Silvia Orellana
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“Como ecologistas siempre ha sido un sueño tener un país saludable y sustentable, esos sueños se ven muchas veces lejos como las utopías, pero en ese caminar en donde surgen sinsabores, también hay sabores bonitos, como esta reunión con gente comprometida en el tema ecológico”, dijo Carolina Amaya, del equipo directivo de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
Lo anterior fue expresado en la socialización de la propuesta de Anteproyecto de Ley especial de Prohibición de Agrotóxicos, en el Foro Nacional: Territorios y Vidas Saludables y Sustentables, como parte del Programa de Protección y uso Sostenible de Cuencas Hidrográficas para mejorar las Condiciones de Vida socio ecológicas de grupos de Población Vulnerables en Guatemala y El Salvador, que desarrollan INKOTA, UNES y la Campaña Azúcar Amarga.
Sobre el tema de la propuesta de una ley especial de prohibición de estos cinco agrotóxicos, Amaya, señaló: “Aquí nos acompañan las compañeras de MESAMA que desde Ahuachapán, casi fronteriza con Guatemala, han venido a aportar, tenemos a Blanqui, la única mujer que pesca mar adentro de forma artesanal en Metalío (Sonsonate) y mucha otra gente muy llena de conocimientos y comprometidas”, afirmó Amaya.
Sobre la propuesta de prohibición de los 5 agrotóxicos seleccionados enlistó el Glifosato (herbicida), Paraquat (herbicida altamente tóxico que está en el listado de la Docena Sucia); con nombre comercial Gramoxone; el Clorpirifos (agente activo de insecticidas comerciales) y el Hedonal (herbicida selectivo).
El Glifosato es utilizado por la industria cañera con un alto riesgo. Afirman los ambientalistas que este produco dañino ha sido colocado en las más de 113 mil hectáreas sembradas de caña de azúcar en el país.
Además, muchas comunidades rurales comparten linderos con este monocultivo que demanda una alta cantidad de agua y herbicidas que terminan por contaminar y atropellar los cultivos de supervivencia de los campesinos.
Una Ley Especial para prohibir 5 agrotóxicos
Valeria López Zetino, técnica jurídica de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), explicó que el motivo de presentar la propuesta de una “Ley Especial para la Prohibición de 5 Agrotóxicos”, se debe a la utilización con mayor frecuencia en El Salvador, y que actualmente no cuenta con ninguna regulación.
“La propuesta de ley busca una prohibición a nivel nacional y ¿por qué estos cinco?, porque ha demostrado, además, que su uso frecuente está afectando la salud de la población rural, y se debe poner un fin a esta situación”, expresó.
“Si bien, no podemos pedirles a las diputadas y diputados y al Estado que prohíban todos los agrotóxicos (Docena Sucia-compuestos químicos de alta peligrosidad), aunque todos son dañinos para la salud del ser humano, pero queremos empezar con estos 5, para marcar un precedente”, acotó López.
Asimismo, consideró que el Estado salvadoreño debe “saldar la deuda” con la población, y esto inicia con la regulación de estas cinco y otras sustancias químicas altamente tóxicas que afecta al ser humano, su alimentación y el medio ambiente, y por ahora, tiene “vacíos legales” y son comercializadas sin control.
“Porque la alimentación debe ser acorde a su concepto, que debe darnos salud con los nutrientes que la tierra les da, sin embargo, actualmente si les meten todos estos químicos resulta que es veneno para nuestra salud y cuerpo, entonces, el Estado no está cumpliendo con su obligación de proteger a toda la población y su salud”, manifestó.
¿A quién se le habrá ocurrido poner veneno a la comida?, sin duda a personas codiciosas, -como solemos decir- pero vamos a reflexionar de cómo reducir que los alimentos que nos llevemos a la boca tengan menos venenos”, señaló Amaya.
“La industria cañera es una de las principales fuentes que utilizan estos agrotóxicos y los fomentan para su beneficio. Debemos ir evaluando estos usos y ponerlos en nuestras agendas de trabajo, sin quitar por ningún motivo el dedo del renglón en la salud de población”, alegó López.
Asamblea Legislativa más receptiva con la población
En cuanto a la presentación de la pieza de correspondencia, ante la Asamblea Legislativa, López compartió que están esperando puntualizar el contacto con los diputados y diputadas, y explicarles el fondo del anteproyecto de ley que prohibiría estos agrotóxicos y la revisión de los aportes y consultas en la construcción del marco jurídico y su alcance.
“El anteproyecto de ley establece un período de tiempo de 3 años, para que la gente que comercializa los productos poco a poco los vayan sacando, así como quienes los distribuyen e importan y todos los que hacen esa operación comercial, hasta que la prohibición sea por completo”, refirió.
“El objetivo es la prohibición total y completa a nivel nacional de estos cinco agrotóxicos, así como su importación y comercialización, porque sabemos que no pasará de la noche a la mañana, con la aplicación de la ley, será un proceso y 3 años, son factibles”, reiteró López.
Alternativas agroecológicas para alimentos sanos
Katia Mireya Aguilar, coordinadora de los Procesos Agroecológicos de la UNES, sostuvo que buscan como colectivos contar con “alternativas de cultivo”, y desmontar la idea que la producción de alimentos debe partir del uso de estas sustancias químicas altamente contaminantes y nocivas.
“Debemos dejar de pensar que sólo podemos producir con agrotóxicos, tenemos otras alternativas de producción sana y una de las cosas que requerimos del Estado y es que garanticen este derecho y avalen este anteproyecto de ley con estos 5 agrotóxicos”, declaró.
“Sabemos que son más agrotóxicos pero estos son los priorizados en la propuesta -un poco- por ser los más comercializados y también son los que mayormente perjudican la salud, la biodiversidad y la humanidad”, reafirmó Aguilar.
En cuanto a la postura de las empresas, Aguilar, consideró que “desde el enfoque capitalista” a estos agronegocios sólo les interesa el aumento de ganancias económicas. Aunque, genera una alta contaminación del ambiente como los herbicidas en monocultivos que contaminan agua, suelos y aire.
Investigaciones de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) señala que entre 2018 a 2019, ingresaron a El Salvador 4 mi 729 toneladas de plaguicidas; 80 mil 230 toneladas de fertilizantes y 1, 498 toneladas de biocidas (pesticidas), que representó una inversión de 55 millones de dólares sin ningún tipo de restricción y no tuvo ningún control o monitoreo por parte del Estado.
De igual manera, entre septiembre 2018 a agosto 2019, en El Salvador se aplicaron más de 696 mil litros de Glifosato o Roundup en los cultivos. Con el agravante de que los aplicaron por vía aérea en más de 115 mil 708 manzanas del monocultivo intensivo de caña de azúcar como madurantes.
“El primer impacto es en la salud con un alto índice de enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, la resequedad de la piel que son impactos que vienen a repercutir de generación a generación, por los residuos que quedan en el medio ambiente y repercuten hasta en una tercera y cuarta generación”, resumió.
“El otro impacto es al medio ambiente que está degradando la biodiversidad, aniquilando peces, cangrejos y otras especies de la zona costero marino, todos están muriendo por la contaminación del agua y el suelo. Entonces, no podemos seguir teniendo menos biodiversidad que alimente el mismo ecosistema y la humanidad”, concluyó Aguilar.
