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El secretario técnico de la Presidencia, help Roberto Lorenzana, store dijo anoche que el proceso de diálogo con empresarios y partidos no es una estrategia política del presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, discount sino que constituye un intento real de buscar acuerdos para que el país avance. “Esta no es una maniobra política”, dijo Lorenzana durante el programa “Debate con Nacho”, del Canal 35.
El funcionario se mostró satisfecho con la postura de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), de apoyar la emisión de 1,150 millones de bonos para refinanciar deuda, no obstante dijo que todavía hay que ver si a la horas de las horas están los votos que se necesitan.
Lorenzana dijo que el presidente y el nuevo gobierno están apostándole al crecimiento de la economía a partir de la generación de empleo y consideró positivo que se esté generando un ambiente positivo. “El crecimiento económico no se da de la noche a la mañana. Lo que tenemos es una apuesta, hay un alineamiento estratégico de todo el país, todos los sectores están hablando del crecimiento no solo el gobierno. Creo que el gobierno lo ha situado como una de sus prioridades”.
En ese sentido, agregó, la apuesta es crecer no menos del 3% en promedio durante la administración del presidente Sánchez Cerén.
Sobre los pedidos de austeridad en el Estado, hechos por los empresarios, Lorenzana manifestó que el mandatario ya pidió a todos sus funcionarios que implementen medidas para reducir el gasto público y que entre estos recortes se incluyen las caravanas de vehículos y los dispositivos de seguridad.
Pero Lorenzana aclaró que los recortes no afectarán, de ninguna manera, los presupuestos de los programas sociales, algunos de los cuales, incluso, tienen una tendencia al incremento de su cobertura, como es el caso de la entrega de uniformes y útiles escolares, que se pretende ampliarlo hasta el bachillerato.
Respecto a la propuesta de reforma fiscal que está en discusión en la Asamblea Legislativa, el secretario técnico de la Presidencia dijo que el Ejecutivo no está cerrado a modificaciones, aunque cuestionó el argumento de algunos de los sectores afectados, de que será contraproducente para el crecimiento de la economía.
“En el sector financiero hemos visto una actitud más beligerante”, dijo Lorenzana, quien señaló además que la banca tendría que aportar unos $20 millones de sus ganancias en esta reforma por lo que consideró “lógico” que tengan una postura adversa.
Trajo a cuenta que en la mayoría de países de América Latina se implementa el impuesto a las transacciones que se ha propuesto en El Salvador y que la banca en algunos de estos países que tienen sucursales han aceptado esa normativa.
Recordó Lorenzana que el Estado ha dejado de percibir unos 80 millones de dólares luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucionales el impuesto aplicado a las llamadas telefónicas desde el exterior y el pago a cuenta. Por ello y otros aspectos, señaló que “ambos esfuerzos son necesarios”.
Pero el secretario técnico otorgó parte de razón a la ANEP, cuando sostiene que el crecimiento económico es positivo para generar más ingresos al Estado. “Parcialmente (el argumento) es válido porque nosotros consideramos que la mejor forma de crecer en la recaudación fiscal es, definitivamente el crecimiento económico”, afirmó.
También se refirió Lorenzana a un argumento vertido por el dirigente de ANEP, Waldo Jiménez, el pasado lunes, quien afirmó que el país ya tiene una carga tributaria del 19.3% y no del 15%, como lo sostienen los funcionarios del Estado.
Según Jiménez, cuando Carlos Acevedo fungió como presidente del Banco Central de Reserva manifestó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país era 20% menos de lo que decían las cifras oficiales, y es de esa cifra que la ANEP sacó los cálculos para concluir que le sector aporta ya el 19% de impuestos al Estado
Lorenzana dijo que las cifras oficiales del BCR son diferentes a las planteadas por ANEP y que sí existe un proceso de corrección de cifras luego que se cometiera un error en 1992 durante la administración del presidente Alfredo Cristiani, pero que esta actualización que es apoyada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha llegado hasta 2007.
