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Rebeca Pineda
@DiarioCoLatino
Cerca 20 organizaciones como la Mesa contra la Impunidad, Idhuca, FESPAD, Probúsqueda entre otras, denunciaron la propuesta del diputado Rodolfo Parker, presidente de la Comisión Ad hoc que estudia el anteproyecto para una ley de reconciliación nacional, por considerar que esta “es una nueva ley de amnistía por ser absoluta e incondicional”.
La semana pasada, el coordinador de la comisión Ad Hoc promulgó una nueva ley de amnistía que establece investigar y esclarecer los crímenes de lesa humanidad en el pasado conflicto armado (1980-1992), en un periodo máximo de 6 meses, pero contrario al fallo de la CSJ del 2016, no contempla la persecución y castigo de los responsables.
Al respecto las organizaciones llamaron “Fraude a la tentativa del funcionario” y demandaron que los diputados desestimen la propuesta, por su naturaleza inconstitucional y consideraron la propuesta como una transgresión a la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con el fin político de proteger a criminales de guerra y de lesa humanidad.
Con esta nueva ley “se verían beneficiadas todas aquellas personas que tienen una responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos, ocurridos durante el conflicto”, explicó David Ortiz, representante de la Mesa contra la Impunidad. Además, comentó que desde la comisión de la verdad se establecieron 32 casos que dejaron una huella importante en la sociedad y que el Estado no debería ver a otro sitio sino procesar a los responsables y juzgarlos. Y establecer una sentencia ejemplar.
Manuel Escalante, miembro de la Mesa contra la impunidad destacó que “esta ley debe incluir el componente de justicia de manera clara y contundente”. “Esta propuesta en lugar de permitir la verdad y el acceso a los archivos militares, lo que está permitiendo es obstaculizarlo” dijo.
Piden incluir a víctimas
Asimismo, la sociedad de organizaciones exigió al Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén que se pronuncie en contra de la propuesta de ley del coordinador de Ad Hoc, que ordene al ministro de la defensa nacional que abra los archivos militares y que permita el acceso a la justicia a las más de 75 mil victimas entre muertos y desaparecidos.
En la denuncia se enfatizó que la Comisión Ad Hoc, sustituyan los diputados miembros de la Comisión que intervinieron en el conflicto armado por diputados jóvenes y que se debe contar con la participación activa de las víctimas y su reivindicación.
Además, Rafael Segura, víctima de las violaciones a los derechos humanos, expresó parte de su experiencia: “once de la noche, estar en un cuartel siendo torturado y que en la madrugada sean recibidas patadas, sin probar agua ni comida, eso es lo que yo viví en 1981 y fui maltratado por la Guardia Nacional”. comentó.
Por tanto, las organizaciones, defensores de los derechos humanos y las víctimas exigieron justicia y reparación integral para todos los perjudicados del conflicto armado y que esa ley sea rechazada en su totalidad.
En el Decreto No. 486 se aprobó la primera ley de amnistía, para la consolidación de la paz el 22 de marzo de 1993 el cual tuvo la finalidad de regular la forma de conceder una amnistía amplia absoluta e incondicional a todas las personas que hayan participado de delitos políticos comunes y con nexos antes de 1 de enero de 1992, por lo que delitos como la masacre del Mozote, el Sumpul, El Despertar, El Calabozo, Cutumay Camones fueron ignorados y sus autores intelectuales nunca fueron llevados a tribunales.
