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@JennyCoLatino
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) entregó al presidente Salvador Sánchez Cerén el “Plan El Salvador Seguro”, see que contiene más de 100 propuestas que buscan apoyar al gobierno en la solución del problema de inseguridad que enfrenta el país desde hace años.
Esta acción es bien vista por diversos actores de la sociedad, sale quienes ven en esta iniciativa un camino esperanzador para alcanzar el anhelado cese de la delincuencia y la violencia en el país.
Uno de estos actores de la sociedad que ve con buenos ojos el Plan es el procurador general de los Derechos Humanos, y miembro del Consejo, David Morales, quien expresó su satisfacción y esperanza por las propuestas aportadas desde dicho espacio.
Es de recordar que “Plan El Salvador Seguro”, es un documento que contiene 124 acciones agrupadas en cinco ejes, en materia de seguridad, las cuales son el fruto de siete mesas técnicas y consultas territoriales y sectoriales, en las que participaron diversos sectores del país.
De acuerdo a Morales el conjunto de propuestas fue elaborado desde una “perspectiva integral”, pues aseguró que se incorpora con fuerza la persecución, la represión del delito y aborda la construcción de una política pública de seguridad más integral que ponga también las víctimas al centro.
“Que la protección y asistencia de las víctimas sea preocupación principal en las políticas públicas del Estado. Esta visión está recogida en el Plan. Por lo tanto, es satisfactorio que está propuesta de consenso de muchos sectores y todas las instituciones del Estado sea acogida con compromiso por parte del Presidente”, expresó Morales, al destacar que el presidente Sánchez Cerén adoptó el compromiso de empujar como política pública y ejecutar las medidas propuestas por el Consejo”.
Morales también catalogó la presentación del Plan como “un gran acuerdo nacional por la seguridad”, en la víspera del 23 Aniversario del Acuerdo de Paz, por lo que resaltó que debe “generar esperanza”, en la medida que contiene acciones inmediatas para aliviar la situación de las víctimas y mejorar la respuesta del Estado frente al delito.
“Esto debe generar esperanza a la población. Este es un paso trascendental que yo celebro que se haya producido y que estaré acompañando como procurador”, afirmó.
El procurador no obvió que el país vive un momento muy “trágico y doloroso” donde la violencia y delincuencia destacan la brutalidad con la que actúan las pandillas, lo cual está generando “una enorme victimización en la población”.
Sin embargo, recalcó que “en El Salvador la institucionalidad y el avance democrático no ha entrado en crisis por la situación de violencia”.
“Esa es una dimensión que debemos considerar a favor del proceso democrático en El Salvador, pero si está generando un profundo nivel de dolor y sufrimiento de las familias salvadoreñas y el Estado no debe ser indiferente, debe dar la más eficaz de sus respuestas”, señaló Morales.
Mientras tanto, el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, expresó que el Plan “refleja mucha esperanza y mucha posibilidades de resolver el problema de la seguridad en el país.
Al mismo tiempo, dejó claro que dentro de las propuestas no se han retomado aspectos de la tregua entre pandillas.
“Lo que va (en el Plan) es un esfuerzo muy grande en el tema preventivo; la participación de los distintos sectores de la sociedad y las instituciones del Estado”, resaltó Lara.
En cuanto al tema del control de represión del delito manifestó que el gobierno debe trabajar con más dureza en este aspecto.
“Estamos hablando del sistema de investigaciones que tenemos que mejorarlo para tener más efectividad en las investigaciones y rapidez, pero podemos decir que estamos reaccionando muy rápidamente con la Policía”.
El fiscal general de la República, Luis Martínez, también hizo sus valoraciones respecto al Plan, el cual calificó como “muy positivo”.
“Asumimos un compromiso que contiene el documento y vamos a analizarlo con mucha determinación y firmeza”, indicó.
Al mismo tiempo, se refirió a la tasa de homicidios que se registra en el país, y dijo que “las pandillas criminales no buscan la paz social ni la tranquilidad” sino que son “sujetos dementes que buscan violencia, dolor y luto”.
“Nosotros vamos hacer obstáculos contra ese accionar de estos sujetos”, apuntó.
Mientras tanto, por parte del Órgano Legislativo, el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Sigfrido Reyes, manifestó que este poder del Estado “deberá asumir lo que le corresponde, sobre todo en dos áreas que son la legislación y el financiamiento.
“En el área de legislación revisando todas aquellas leyes que a juicio del Consejo demandan un tipo de reforma y reducir las posibilidades a los grupos criminales para opera”, indicó.
En cuanto al apoyo al financiamiento a esta estrategia, manifestó que este punto es indispensable, pues “sin recursos esta estrategia se quedará en un libro más”.
“Sin recursos esta estrategia será solo un gran esfuerzo técnico, intelectual, y de concertación. Si los recursos no fluyen esas recomendaciones se quedarán allí como un testimonio a nuestra incapacidad”, expresó al mencionar que este es un punto que deberá ser retomado con urgencia.
Reyes recordó que el país tiene créditos que están ya aprobados para combatir a la delincuencia y para prevenir la violencia social, pero que existen grupos políticos que se siguen oponiendo a su aprobación.
“Hay otros créditos negociados que se presentarán a la Asamblea que también vendrán a inyectarle recursos a esta estrategia, pero la aprobación de recursos sobre todo cuando son internacionales demandan dos tercios de la votación y hoy por hoy el partido ARENA se niega a aprobar esos recursos”, reprochó.
De acuerdo a Reyes, en el país a la fecha se tiene “una dificultad política muy seria”, la cual puede revertirse si hay una reflexión y un cambio de actitud por parte de los partidos políticos, y que ya no esté motivado “por intereses electoreros sino por el interés de ayudarle a la población a vivir en mejores condiciones de seguridad”.
Es de recordar que de acuerdo al Consejo de Seguridad, se calcula que para la implementación del Plan se requiere como mínimo y para los próximos cinco años alrededor de 2 mil millones de dólares adicionales a los recursos que ya se invierten por los diferentes sectores de la sociedad, empresa privada, iglesias, organizaciones no gubernamentales, cooperación internacional y el Estado.
Bloqueo de señales telefónicas en penales
Es de destacar que una de las medidas que contempla el Plan presentado por el Consejo está la instalación en todos los centros penales y centros de inserción social, bloqueadores de la señal de teléfonos celulares, esto con el fin de disminuir el número de delitos ordenados desde las cárceles.
En esta línea, el presidente Salvador Sánchez Cerén dijo que su gobierno está por presentar una reforma legal para que las señales telefónicas sean totalmente bloqueadas en las cárceles del país.
“Presentaremos muy pronto una propuesta de reforma a la ley de telecomunicaciones para bloquear totalmente la señal de telefonía celular en los centros penales”, informó.
Mientras esta reforma se presenta y es aprobada por la Asamblea Legislativa, el Presidente reiteró su llamado “a las operadoras telefónicas para contribuir a evitar que se ordenen delitos desde las cárceles”.
Sobre esta acción, el presidente de la Asamblea Legislativa dijo que existe una gran evidencia que las redes de extorsión en gran medida son dirigidas desde esos centros penales, por lo que sabedores de esta problemática, “es importante que se realicen las reformas necesarias, al mismo tiempo que también llamó a las empresas de telefonía a concientizarse de la necesidad de los bloqueo de señal.
“Las empresas de telefonía deben comprender a la sociedad salvadoreña que por unos dólares más, por vender señal de telefonía el costo social es demasiados alto”, mencionó.
Nombramiento de Comisionado presidencial para Seguridad
Otro de los anuncios del mandatario fue el próximo nombramiento de un comisionado presidencial que tendrá como misión “coordinar y cohesionar las instituciones y los programas gubernamentales en el territorio, comenzando en 6 municipios con mayor incidencia delincuencial.
Y es que para el jefe de Estado una prioridad para el gobierno es la territorialización de las políticas económicas, sociales y específicamente de seguridad, y el fortalecimiento de la presencia del Estado en municipios y territorios desfavorecidos.
“Este año vamos a ampliar este accionar a los 50 municipios que ha priorizado el Consejo, convencidos que lograremos los recursos adicionales que son indispensables para ello”, dijo el presidente.
Marcha por la Paz
Mientras tanto, el gobernante convocó a la nación a realizar una masiva marcha por la paz y la justicia, como una expresión de la unidad y las aspiraciones por construir un mejor país.
“Quiero convocar a toda la población a una gran movilización por la paz y la justicia y contra la inseguridad, para demostrarnos y demostrar al mundo que queremos y podemos construir un El Salvador productivo, educado y seguro”, expresó.
En este sentido, el presidente solicitó al Consejo Nacional de Seguridad que defina un día del próximo mes de febrero para que todos los salvadoreños se vistan de blanco, como símbolo del anhelo por paz y justicia.
“Debe ser un día de asueto, en el cual todo el país convierta las calles de San Salvador en un río blanco de esperanza acompañado por las campanas de todas las iglesias para decir sí podemos y lo lograremos”, expresó el mandatario.
