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@arpassv
En el marco de la implementación de las medidas excepcionales impulsadas por el gobierno para retomar el control de los centros penales y combatir con más efectividad a los grupos criminales, capsule aparecen en el debate público propuestas peligrosas.
Estas propuestas, planteadas por algunos personeros del Ejecutivo y secundadas por diputados de derecha en la Asamblea Legislativa, podrían tener resultados contraproducentes y -por tanto- deben ser analizadas detenida y responsablemente.
La más temeraria de estas medidas es armar a la población para que “se defienda de la delincuencia” y que “las comunidades se encarguen de su seguridad”. Esta propuesta, inconstitucional (porque la seguridad es responsabilidad del Estado) y de inspiración escuadronera, merece una serio llamado de atención a sus proponentes.
Esto sería, prácticamente, proponer que la población se tome la justicia en sus manos (acto seguido habría que desaparecer a la Policía, Fiscalía y Sistema Judicial); y podría derivar en formación de grupos armados ilegales, ejecuciones extrajudiciales motivadas por venganza y hasta asesinatos por razones políticas.
Así que, mucho cuidado, vicepresidente Óscar Ortiz, secretario Eugenio Chicas y diputado Guillermo Gallegos. La participación de la población y las comunidades en las estrategias de seguridad deben ser en el plano de la organización comunitaria para la denuncia del delito, la prevención de la violencia, la reinserción de los delincuentes y la atención a las víctimas de la violencia.
El país necesita hoy, más que nunca, promover la cultura de paz, la convivencia pacífica y el desarme; y entregarle armas a la gente va en total sentido contrario a este anhelado propósito.
Por otro lado, el Ejecutivo y la Asamblea, deben tener siempre presente que las medidas extraordinarias de seguridad y las acciones de represión deben estar enmarcadas en el debido proceso, el respecto a los derechos humanos y el estado de derecho, como lo ha reiterado el Procurador David Morales.
Es urgente evitar que esta vorágine de violencia de los grupos criminales y la respuesta represiva del Estado instauren en la sociedad una cultura de intolerancia, odio y de aval al exterminio.
Es legítimo y necesario golpear fuerte a la delincuencia, pero no se debe olvidar la integralidad de las políticas de seguridad. En vez de desviar su estrategia de seguridad hacia una represión extrema, el gobierno debería aprovechar el aval social y político de “hacer cualquier cosa contra la delincuencia” para retomar y profundizar los cambios económicos y sociales que ataquen las causas estructurales de la violencia.
