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@arpassv
El FMLN ha propuesto reformas a la Constitución de la República pertinentes y oportunas, que -al menos- deberían provocar un profundo debate sobre la ampliación y profundización de la democracia.
Durante un acto parlamentario conmemorativo de la Constitución realizado en diciembre pasado, la coordinadora del grupo parlamentario efemelenista Norma Guevara propuso reformar la Carta Magna para incorporar la consulta popular de carácter vinculante, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean elector por la población, la igualdad de género en los cargos públicos y que el 6% del presupuestos nacional no sea solo para el Órgano Judicial, sino que también se reparta entre la Fiscalía, la Procuraduría General y la PDDH.
En su intervención en la Asamblea Legislativa, Guevara acusó a la Sala Constitucional de instaurar una “dictadura judicial”. La diputada efemelenista tiene razón: los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco han violentado la institucionalidad y reformado la Constitución vía sentencias judiciales.
Con el respaldo de las élites oligárquicas, poderes foráneos y los medios de comunicación de derecha, la Sala interfiere en la función legislativa y refuerza el bloqueo de ARENA contra el Ejecutivo. La Sala también rompió el equilibro político y modificó la correlación en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por eso, las críticas de la legisladora de izquierda y sus propuestas de reforma constitucional también platean un debate sobre la institucionalidad, el estado de derecho y la independencia de poderes.
A las propuestas planteadas por la diputada Guevara, se suman las reformas que reconocen el agua y la alimentación como derechos humanos. Dichas reformas fueron aprobadas, pero la derecha legislativa se niega a ratificarlas; así como se niega a aprobar las leyes de agua y de soberanía alimentaria.
Desde este espacio editorial respaldamos estas propuestas de reforma constitucional, que -como bien dice el secretario de Transparencia Marcos Rodríguez- propiciarían una mayor transparencia y participación ciudadana.
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