Elder Gómez
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El congreso salvadoreño prorrogó el jueves las “Medidas Extraordinarias” que impulsa el gobierno desde hace casi un año para combatir la delincuencia, en medio de reclamos de la opositora ARENA, que después de una serie de vaivenes políticos, decidió finalmente conceder sus votos a la extensión de las disposiciones.
La decisión parlamentaria fue aplaudida por el gobierno y su Gabinete de Seguridad, cuyos representantes estuvieron presentes al momento de la votación para prolongar hasta abril del próximo año, la aplicación de las “Medidas Extraordinarias”.
La extensión de la aplicación de las “Medidas Extraordinarias”, que fueron puestas en marcha desde el año pasado, fue aprobada por el Pleno Legislativo luego de una serie de tropiezos del “Dictamen Favorable” emitido por la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad del congreso, que por último fue modificado a petición de ARENA.
La enmienda consiste en reorientar los recursos provenientes de una “Contribución Especial”, que asciende a $ 50 millones anuales, impuesta en 2014 al consumo de impulsos telefónicos móviles y fijos, y a todos los productos vinculados a las telecomunicaciones, al fortalecimiento de la Fiscalía General, pago de bonos a policías, militares y custodios carcelarios, que participan en labores de Seguridad Pública.
Las “Medidas Extraordinarias” fueron aprobadas para reducir los elevados niveles de violencia en el país, principalmente la pandilleril, y han incluido el traslado a prisiones de “máxima seguridad” de líderes de grupos delictivos, así como la aplicación de severas condiciones carcelarias a éstos, a fin de impedir que desde las prisiones se giren órdenes para cometer ilícitos.
Las quejas de los diputados de ARENA, incluida la del único diputado del PDC, Rodolfo Parker, fueron que la aplicación de las “Medidas Extraordinarias” no han logrado mitigar la vorágine delincuencial que envuelve a El Salvador desde mediados de los 90, cuando proliferaron las pandillas en este país. Además, los legisladores de ARENA cuestionaron en sus disertaciones un supuesto desvío de los recursos provenientes de una “Contribución Especial” a la telefonía, para el fortalecimiento de la Seguridad Pública, aplicada desde 2014, a otras que áreas diferentes a la Seguridad Pública.
“ARENA exige controles, medidores de impacto… el pueblo exige que los impuestos que pagan, se manejen con transparencia”, dijo el diputado por ARENA Orlando Cabrera Candray, sin dejar ejemplos de que se haga lo contrario.
Medidas exitosas
No obstante, el oficialismo salió al paso de la rabieta de los legisladores de ARENA y exaltó las bondades de la aplicación de las “Medidas Extraordinarias”.
“Ha habido una reducción de los indicadores de la violencia”, aseguró el parlamentario del FMLN, Blandino Nerio, y recordó que con la aplicación de las “Medidas Extraordinarias”, 2,715 cabecillas de pandillas fueron enviados a prisiones de máxima seguridad.
Además, dijo que con la aplicación de las “Medidas Extraordinarias” se han confiscado en las prisiones mil 480 teléfonos celulares y 12 mil otros objetos prohibidos, y se abrieron 20 Salas de Audiencias Virtuales, donde se han realizado mil 408 procesos.
Nerio recordó que con la aplicación de las “Medidas Extraordinarias” se ha mantenido de manera “sistemática y sostenida” el aislamiento de los reos vinculados a estructuras delictivas con el fin de eliminar hechos delictivos planificados desde las cárceles.
También que ha habido una “reducción significativa” de los homicidios, al promediar los 11 crímenes diarios, en comparación a los 18 que se cometían hacía tres años antes.
El diputado destacó también las medidas de prevención de la violencia que impulsa el gobierno como parte complementaria a las “Medidas Complementarias”.
Reorientan recursos
Los legisladores también aprobaron reorientar $ 7.6 millones de la “Contribución Especial” a la telefonía para destinarlos a un incremento de un bono trimestral entregados a policías, custodios carcelarios y militares que participan en tareas de Seguridad Pública.
Con la reorientación de los recursos, el gobierno entregará anualmente $ 1,200 dólares a agentes policiales, seguridad carcelaria y militares.
Además, el monto será destinado a instituciones vinculadas a tareas de prevención de la violencia, como el Instituto Nacional de la Juventud y el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), entre otras.
Otra parte de la reorientación de los recursos provenientes del impuesto a la telefonía, será destinada a programas de atención de víctimas de la violencia y al Ministerio de Educación.