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Redacción Nacionales
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La Plataforma por la Seguridad Ciudadana (PSC), realizó el Foro: Militarización y Crisis Democrática en las experiencias de El Salvador, Honduras y Nicaragua, que contó con el análisis de un grupo de expertos nacionales e internacionales, sobre las consecuencias de este tipo de procesos de fuerzas armadas en acciones de seguridad ciudadana y otros ámbitos sociales que no les corresponden.
Representantes de las 22 organizaciones que integran la PSC, reiteraron en el diálogo sobre la situación de El Salvador, que es preocupante el “uso con fines políticos” que realiza el presidente Nayib Bukele de las Fuerzas Armadas, en materia de seguridad, que consideraron es un proceso de consolidación de un poder unilateral que usurpó la institucionalidad e independencia de los poderes del Estado y debilita la garantía de los derechos humanos de la población.
David Ortiz, abogado de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD, se refirió al tema de la militarización, al que consideró un “tema permanente”, que debe evaluarse por el antecedente histórico que la población vivió durante los años de represión y terrorismo de Estado, desencadenada entre los años setenta a los ochenta, que culminaron con la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992.
“Esta situación es un fenómeno presente en Honduras, Guatemala y Nicaragua, pero en El Salvador, particularmente si queremos profundizar más, se debe analizar la propuesta de reforma constitucional que se está empujando en este momento. El Gobierno está proponiendo que la Fuerza Armada se le quite la calidad de apolítica”.
“Debemos estar atentos con esta propuesta por la relevancia que tuvo la Fuerza Armada en el contexto histórico desde 1931 a 1979, pasando por el Conflicto Armado y luego de la firma de los Acuerdos de Paz, este es un tema delicado, que debemos discutirlo de manera detenida, a profundidad y con elementos teóricos”, explicó Ortiz.
Y en contraposición de un Gobierno que no es “dialogante” con la sociedad civil organizada, Ortiz valoró que se necesitaba de una “ciudadanía informada” que con conocimiento de sus derechos sepa actuar ante propuestas de reformas constitucionales planteadas desde un poder del Estado.
“Es peligroso estar trastocando los fundamentos de la institucionalidad, sin que la ciudadanía conozca lo que se está haciendo, esta es una situación sumamente grave y es importante hacer un ejercicio de introspección, ¿Por qué pensamos que solo la fuerza y la violencia será capaz de mantener un régimen político o forma de gobierno? Recordemos los grupos de poder históricamente siempre buscan al elemento castrense para mantener su proceso de acumulación de poder y esto ha pasado con el actual gobierno de El Salvador”, agregó.
Mientras, Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSP), consideró que tras el anuncio de la 4ta. Fase del Plan Control Territorial del presidente Nayib Bukele, denominada “Incursión”, estableció la justificación de duplicar la fuerza militar en tareas que no son competencia, ni reconocidas por la Constitución de la República.
“Como organizaciones que integramos la Plataforma por la Seguridad Ciudadana, esto generó un llamado de atención de emergencia, porque es problemática que viene acompañada con la presencia militar en tareas de seguridad pública, y que desde hace décadas estamos señalando como organizaciones lo que significa militarizar una sociedad”, agregó.
“¿Qué tipo de alianzas se están construyendo en el país?, en un contexto de grave amenaza a la democracia, en donde hay un fuerte y grave irrespeto a las instituciones, a la Constitución de la República, y en donde se ha tomado de manera unilateral el poder de la institucionalidad. ¿Qué significa esta alianza político militar?”, preguntó Reyna.
Sobre la práctica de militarizar la sociedad, Reyna agregó que era una forma de “mostrar músculo o fuerza”, que busca establecer públicamente un escenario de mando en el territorio, ante la incapacidad del Estado de responder a hechos de violencia.
“Ante un desborde de violencia o un grave crimen de homicidio o masacres, los gobiernos le han apostado a medidas populistas que solo demuestren la incapacidad de respuesta. Y las medidas extraordinarias que tomaron recientemente, comenzaron luego de una masacre horrible y ese tipo de planes tienden a vincularse a respuestas inmediatas de hechos violentos que no pudieron prevenir o no tienen la capacidad de controlar y sancionar adecuadamente”, reiteró Reyna.
Silvia Juárez, Coordinadora del Programa por Una Vida Libre sin Violencia (ORMUSA), e integrante de la Plataforma por al Seguridad Ciudadana, advirtió sobre los riesgos del “abuso de la fuerza militar”, que toma relevancia si no toman en cuenta en el plan de seguridad otras aristas como los derechos de poblaciones que tradicionalmente son excluidas como las mujeres, jóvenes y personas LGBTI, frente al abuso del poder.
“Para nosotras es importante insistir y persistir en el análisis, debate y reflexión de este tema de la militarización de la sociedad. Porque aunque podamos tener consideraciones populares sobre que a mayor número de cuerpos militares o mayor número de uniformados en las calles nos sentimos seguras, -pues queremos decirles- la seguridad no es que llegue a mi casa y mi pasaje está rodeado de uniformados, la seguridad sería que no necesitemos que estén, y que podamos asumir los riegos de salir a cualquier hora y esto no significaría que mi vida esté en peligro”, sugirió.
Jeannette Aguilar, consultora independiente en materia de Seguridad Pública, señaló como preocupante el “poder político” de un órgano del Estado, que no se había registrado en la historia reciente del país. Por tanto, en la medida que la institucionalidad del Estado no era respetado, ni la Constitución o las leyes, se perdía la legitimidad.
“El caso de la FAES, su reposicionamiento en materia de seguridad ciudadana, su mayor protagonismo político ha terminado debilitando el mandato y rol de la Policía Nacional Civil, pero además genera riesgos y amenazas en la medida que ese empoderamiento político se traduce en actitudes y comportamientos en relación con la ciudadanía”.
“Hemos visto el reciente asesinato de un joven ingeniero en el municipio de Santa Tecla (La Libertad), a manos de 4 soldados, un hecho que tiene todas las características de una presunta ejecución extrajudicial”, apuntó Aguilar.
Asimismo, consideró contradictorio e injustificado a la “narrativa gubernamental” que ha anunciado éxitos en materia de seguridad pública. Cuando está tratando de aumentar el número de efectivos militares y agentes policiales, también transgrede los criterios técnicos referidos al número de agentes por cada mil habitantes.
“El Salvador, actualmente tiene alrededor de 415 agentes por cada 100 mil habitantes. Un dato muy superior al estándar internacional establecido por la ONU , que es de 300 por cada 100 mil habitantes; entonces no es un problema de cobertura en la prestación de los servicios policiales, es un problema de decisión política, que en este caso se sitúa en un contexto donde el presidente necesita contar con un brazo armado leal, para poder consolidar su proyecto de poder”.
En cuanto a la “militarización de las sociedad salvadoreña”, Aguilar manifestó que esto tienen raíces en la “resistencia de las élites económicas, políticas y oligarcas”, en su negativa de abandonar privilegios y prerrogativas que obtuvieron luego de la firma de los Acuerdos de Paz y la transición a la democracia.
“Estas élites se han mantenido ahí, vigilantes y prestas a actuar en el momento oportuno. Y en ese sentido hubo una responsabilidad de las instituciones militares de asumir su nuevo rol en el contexto democrático; pero también hay una enorme corresponsabilidad de estas élites políticas que las han instrumentalizado en virtud de sus intereses sectoriales”.
También hubo pronunciamientos en contra de la entrada en vigencia de la moneda virtual “Bitcoin”, a partir de septiembre, pues muchos organismos financieros internacionales y economistas han calificado de un inminente riesgo para el país. Además de las reformas constitucionales que extienden los períodos presidenciales y la reelección, Aguilar consideró que debía analizar a profundidad estas iniciativas.
“Como investigadora independiente -ya que no soy de la PSC- mi lectura de este reposicionamiento político de la FAES responde a estos posibles escenarios en donde se reflejaría un mayor descontento social y donde el presidente necesitaría recurrir a este brazo armado o al menos, que ha mostrado ser fiel y obediente a sus designios y poder enfrentar una posible situación de convulsión y descontento social”.
“Hay un proceso de regresión sostenido que permite advertir el inicio de un proceso ya de un régimen, ni siquiera híbrido -desde mi perspectiva- sino un régimen autoritario que se irá consolidando a partir de estos nuevos escenarios de concentración de poder, de debilitamiento de instituciones democráticas, del desmantelamiento de las instituciones de control, las restricciones a la libertad de prensa, de libertad de expresión y la persecución a voces disidentes. Un elemento que no habíamos visto en el pasado reciente, pero que ahora se enmarca como un rasgo predominante en este nuevo contexto”, puntualizó Aguilar.
