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Por Mihaela Rodina/Anca Teodorescu
Bucarest/AFP
El gobierno socialdemócrata rumano enfrenta las peores manifestaciones en el país tras la adopción de un controvertido decreto que despenaliza hechos de corrupción.
Entre 200.000 y 300.000 personas, según estimaciones de la prensa, se manifestaron el miércoles en Bucarest y en otras 40 localidades del segundo país más pobre de la Unión Europea, reclamando la dimisión del nuevo gobierno socialdemócrata en el poder desde hace sólo un mes.
Los manifestantes denuncian la adopción el martes, «por la noche, como ladrones», de un decreto del gobierno de Sorin Grindeanu que despenaliza varios hechos de corrupción, lo que permitiría a los políticos evitar causas judiciales, y condiciona las condenas con penas de cárcel por abuso de poder únicamente si los montos superan los 44.000 euros.
En la capital, en donde manifestaron unas 100.000 personas, un pequeño grupo de «hooligans», según las autoridades, lanzaron botellas y petardos a la policía, que respondió disparando gases lacrimógenos.
Unas 20 personas fueron detenidas y cinco, entre ellas dos policías, resultaron heridas.
Grindeanu, que asumió el cargo el 4 de enero, denunció el miércoles por la noche en las redes sociales que estaban «viviendo en épocas en que la manipulación alcanzó un nivel alarmante».
Pero antes de una reunión programada del Partido Socialdemócrata (PSD) este jueves, el gobierno comienza a resquebrajarse. El ministro de Negocios, Florin Jianu, (independiente) presentó su dimisión e invitó a sus colegas a hacer lo mismo.
«Esperaba (…) que la presión de la calle obligara a los que cometieron este error a repararlo», explicó Jianu en su cuenta de Facebook.
Por su lado, el ministro de Justicia, Florin Iordache, afirmó que no se hizo nada «en secreto, ilegal o inmoral» sobre el decreto. El gobierno dijo que estaba simplemente armonizando la legislación de acuerdo con la Constitución.
Pero los críticos señalan que el principal beneficiado con esta legislación sería el líder del PSD, Liviu Dragnea, juzgado actualmente por presunto abuso de poder, así como otros responsables de la izquierda.
Dragnea, de 54, ya está inhabilitado por la justicia que lo condenó el año pasado a dos años de prisión en suspenso por fraude electoral.
Su juicio por abuso de poder por un caso de empleos ficticios empezó el martes. Los fiscales estiman que el perjuicio en este caso se eleva a 24.000 euros.
Otra iniciativa, que Grindeanu presentará al parlamento, supondría la liberación de unas 2.500 personas que purgan penas inferiores a cinco años.
El gobierno dijo que la medida reducirá la sobrepoblación carcelaria, pero los críticos insisten en que los principales beneficiarios serían varios responsables y políticos condenados a raíz de las campañas anticorrupción de los últimos años.
‘Movilización espontánea’
La Comisión Europea y varias embajadas occidentales expresaron su preocupación frente al proyecto del gobierno.
El PSD regresó al poder luego de las legislativas de diciembre tras haberse visto obligado a abandonarlo en 2015 presionado por importantes manifestaciones. Los socialdemócratas hicieron campaña principalmente sobre el compromiso de mejorar el nivel de vida de los rumanos.
Varias de sus promesas entraron en vigor el miércoles: un aumento del salario mínimo, de las jubilaciones, de las becas y el transporte gratuito en los ferrocarriles para los estudiantes.
Pero según el editorialista Malin Bot del periódico Romania Libera (cercano a la centroderecha), «el único objetivo (del SPD) es ponerse a resguardo de la justicia y conservar las fortunas acumuladas en el Estado».
En la calle, varios carteles de los manifestantes lanzaban un mensaje inequívoco: «No pueden comprarnos».
Las filas del PSD, en el centro de la vida política, se vieron particularmente afectadas por las investigaciones de la fiscalía anticorrupción, institución que tiene el índice de confianza más elevado del país detrás de la Iglesia ortodoxa y del ejército.
Las legislativas de diciembre estuvieron marcadas por una alta tasa de abstención. Pero los rumanos «se movilizaron espontáneamente cuando tuvieron la impresión de que la justicia y la lucha anticorrupción estaban amenazadas», indicó a la AFP el analista político Radu Magdin.
El Tribunal Constitucional, ante el que recurrió el Consejo Superior de la Magistratura, podría analizar la validez del decreto. A la espera, el pulso con el gobierno debería continuar.
