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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
El pasado viernes, proveedores de uniformes escolares se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo para solicitar al Gobierno alternativas que les permitan continuar trabajando. Su principal preocupación es la estabilidad de aproximadamente 25,000 empleos, ocupados mayoritariamente por adultos mayores y madres solteras que dependen de estos ingresos para mantener a sus familias.
Con más de 14 años en el proyecto que permitía a microempresarios obtener contratos con el gobierno para la confección de uniformes escolares durante todo el año, los proveedores temen enfrentar pérdidas significativas debido al impago y ante la posible cancelación de los contratos.
Esta preocupación se intensificó tras el anuncio del Gobierno que 48,000 reos en fase de confianza confeccionarán uniformes y zapatos escolares, como parte del Plan Cero Ocio, lo que significará n un ahorro estimado de más de $56 millones para el Estado en 2025.
Son aproximadamente 3,500 proveedores, cada uno de los cuales emplea entre 5 y 7 personas, ocupando a cerca de 25,000 personas, la mayoría de ellos micro y pequeños empresarios.
Los proveedores señalaron que muchos de ellos dependían de los contratos del Ministerio de Educación para obtener préstamos bancarios. Estos préstamos, que podían ser de hasta $5,000, se pagaban con el primer uniforme entregado cada año. Sin embargo, el primer uniforme de 2024 aún no ha sido pagado, lo que incrementa los intereses de los créditos.
“El uniforme que tenía que pagarse el año pasado, lo vinieron a pagar hasta mayo de este año. Somos micros, no podemos aguantar esos plazos, ayúdenos, necesitamos ese dinero, porque de eso pagamos a nuestros empleados, cuotas de préstamos y otras actividades”, dijo Marvin Chávez, representante de una de las microempresas afectadas.
Asimismo, Chávez expresó que, aunque no están en contra de la participación de los presos, necesitan alternativas para poder continuar trabajando. También criticó la falta de protección del gobierno hacia la micro y mediana empresa, señalando que el apoyo prometido no se refleja en el día a día de los talleres.
Debido a la falta de respuesta del Ministerio de Educación, los proveedores solicitaron una audiencia a la Casa Presidencial para formar una comisión especial que trate el tema.
También manifestaron su preocupación por posibles represalias gubernamentales y la falta de solución a las deudas pendientes.
“Hemos quedado tan endeudados con los bancos que no sabemos cómo vamos a quedar porque si ya no hay un segundo uniforme no sabemos cómo vamos a terminar estas deudas. Hacemos hincapié en cuáles son las perspectivas que nos dará el gobierno”, concluyó Ana Salas, representante del sector de occidente.
