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Yaneth Estrada
@caricheop
El Consejo de Ministros avaló ayer tarde la propuesta de Presupuesto General de la Nación 2018 por un monto de $5,520.5 millones con una importante inversión social que garantiza el financiamiento de los rubros destinados a los pagos del sistema de pensiones y los subsidios a los servicios básicos.
Este será financiado a través de gastos corrientes y préstamos, por lo cual tendrá que ser aprobado en la Asamblea Legislativa por mayoría calificada, lo que nuevamente pondrá a prueba el consenso y la ruta del diálogo en favor de las grandes mayorías.
El secretario Técnico y de Planificación, y encargado del Gabinete económico, Roberto Lorenzana, aseguró que el presupuesto está listo para ser presentado a la Asamblea Legislativa “se ha calculado con una tasa de crecimiento económico del 2.5% del Producto Interno Bruto y tiene incrementos de inversión social y de obra pública”.
Añadió que también incluye “un incremento del 2.3% en el tema de salarios y 3.8% en los ingresos y que se ajusta a la reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la Ley General de Presupuesto 2017”.
Asimismo, dentro de las asignaciones presupuestarias planteadas en la propuesta se destina para el ramo de educación un monto de $932.6 millones; para salud $612.6 millones y para seguridad $416.4 millones.
A la vez asigna $40 millones para el subsidio al gas licuado, $42.8 millones para el del transporte público y $50 millones para el de energía eléctrica, este último era cubierto por CEL y ahora lo asumirá el Ministerio de Hacienda.
Distribución de dinero
Los rubros importantes en el presupuesto corresponden a los solicitados por la Asamblea Legislativa, por un monto de $58.3 millones, igual que el aprobado para este año; la Corte Suprema de Justicia por $274.6 millones (aumentando $9.5 millones respecto al actual), la Fiscalía General de la República (FGR) por 76.2 (una subida de $6.8 millones) y el pago de deuda pública por $1,015.2 millones, incrementando 100.4 millones.
La propuesta fue diseñada atendiendo a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es fruto del consenso entre el gobierno y los partidos políticos, así como a los criterios que estipuló la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en lo referido al presupuesto estatal.
En la propuesta a presentar hoy “el gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén insta al partido ARENA muestre voluntad política para avalar este presupuesto, poniendo delante los intereses supremos como nación y no los cálculos electorales”, dice el documento.
Además de no aprobarlo a tiempo se frenarían programas de desarrollo social y económico que se financian directamente con los fondos públicos, afectando el desempeño económico nacional.
En el 2017 el proyecto de Presupuesto General de la Nación fue por un monto de $4,957.8 millones de dólares, con un recorte del 17.6 en la partida de bienes y servicios cerca de $74 millones. Sin embargo debido a medidas de austeridad se hizo un ajuste adicional de $51 millones.
