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Por: Iván Escobar
Colaborador
La preocupación e incertidumbre se apodera día a día en las comunidades más humildes del territorio salvadoreño, ante los anuncios del gobierno del presidente Nayib Bukele, de buscar los mecanismos para dar paso a la minería metálica como fuente de desarrollo nacional, lo que implica la derogatoria de la Ley que prohíbe la explotación minera, desde 2017, en la nación centroamericana.
En las últimas dos semanas, las comunidades salvadoreñas, organizaciones sociales y ambientalistas, y principalmente las poblaciones ubicadas en la zona norte del país, han lamentado que el actual gobierno busque tirar por la borda toda la lucha histórica que dio paso a que El Salvador fuera el primer país en el mundo, y en la región en ponerle freno a la explotación minera, luego de muchos esfuerzos de las transnacionales mineras que buscaron entre 1960 y principios de este siglo, la forma de contar con permisos para exploración y explotación de minerales en el territorio nacional.
Las minas en El Salvador decayeron entre 1960 y principios de los 90´s, cuando totalmente se retiran, luego desarrollaron diversas formas para quedarse en el país, y fue en 2012 cuando el Estado salvadoreño gana un litigio internacional a la Pacific Rim, mayor compañía minera a escala mundial, que se le cerró la puerta y condenó por atentar contra la vida y los recursos naturales. El movimiento contra la minería, en particular las comunidades de Santa Marta, y otras en el departamento de Cabañas, han sufrido sus líderes persecución, incluso se cometieron algunos asesinatos de líderes y lideresas por oponerse a la minería
metálica. En los últimos dos años, la Comunidad de Santa Marta y ADES han denunciado la persecución y acoso por resistirse, ya que, a pesar de haber una Ley, las mineras no han desistido de su interés por instalarse y explotar los recursos naturales. Y lamentan que el Estado salvadoreño se preste y persiga a líderes comunales, criminalizando su actividad y denuncia permanente contra la minería.
Durante el Conversatorio “Alerta la vida en riesgo. Megaproyectos y minería en el oriente de El Salvador”, el cual tuvo lugar el pasado fin de semana, y en donde además se denunció intereses de personeros de gobierno, así como instituciones públicas por persuadir a las comunidades para que dejen sus territorios y den paso a la minería metálica, “así como otros megaproyectos que son claros atentados a la madre tierra”, indicó Ángel Flores, representante de las poblaciones
Lencas del territorio, y del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA).
Eric Zelaya también de los representantes de este movimiento, destacó
que el trabajo que están desarrollando es en defensa de los recursos naturales, los derechos de las familias pobres y sobre todo garantizando el bienestar de todos, “MILPA es un sindicato de los trabajadores del campo”.
Flores contextualizó durante su participación en este conversatorio la resistencia en el oriente del país, a partir del despojo de tierras que están sufriendo muchas familias, con la llegada del actual gobierno.
“El Salvador, una vez más se está colonizando, para llevar a cabo megaproyectos extractivistas, y crear lo que ellos llaman, gran corredor logístico, turístico y militar. Ya no tenemos a dónde ir, nos están quitando del sustrato fundamental de la vida y destrucción de eco sistemas…están creando mecanismos y normativas para promover la extracción y destrucción de recursos”, explicó.
Comentó que se están poniendo en marcha “viejas iniciativas ejecutadas bajo condiciones políticas favorables para el despojo”, entre las que mencionó: “marcos normativos para el despejo, debilitamiento del Estado, utilización del régimen de excepción como mecanismo de control social, una nueva configuración de los territorios, en que se promueve la desterritorialización y reterritorialización, para tener el control y poder”.
Frente a todo esto hay una realidad latente “un movimiento social débil y atomizado”, pero, también, “una dupla de autoritarismo y despojo”, precisó Flores.
Respecto a las amenazas a la población en el marco del régimen de excepción, Flores aseguró que un ejemplo de esto son las familias de la comunidad Nuevo Amanecer, en Intipucá, departamento de La Unión,
“han sufrido despojo y persecución, es asediada y calificada como revoltosos…el régimen se ha prestado a ello. Son siete compañeros de MILPA que han sido capturados dentro del régimen de excepción”, denunció.
También se están promoviendo leyes “que facilitan la expropiación de territorios…despojando a la producción campesina, y beneficiando a grupos empresariales afines al gobierno”.
“En Pasaquina, Chirilagua, y otras zonas del departamento de La Unión, hay interés por el gas y petróleo, y la intención de la explotación de minerales en el océano. Se está declarando como reservas de algunos territorios, no es para proteger la tierra, sino realizar “desarrollo sostenible”…se decretan áreas protegidas para incentivar desarrollo de proyectos”, enfatizó Flores.
Otras de las zonas en riesgo en el oriente del territorio, es la playa Icacal, “Cepa presiona y gestiona la compra de propiedades con precios que varían según su interés y necesidad para impulsar los proyectos, para el aeropuerto en el oriente…”.
Surf City #2 es otra de las amenazas en el oriente del país, la detección de carreteras nuevas con otros fines o con intenciones ajenas al desarrollo, según los dirigentes MILPA se puede llegar a considerar que “hay intención de promover el narcotráfico en la zona, genera duda en la comunidad una calle que podría funcionar como pista clandestina”, cuestionaron.
MILPA lamenta que la construcción de megaproyectos está afectando manglares, bosques, zonas habitacionales de comunidades originarias, recursos hídricos en el oriente del país, una situación que complica el futuro de las familias. Y la minería metálica o de otro tipo de extracción de recursos, afirman que será el tiro de gracia a la madre tierra.
A todo esto se suman, “las mentiras, el cuento chino que nos indican diariamente desde el gobierno”, precisó la economista, Julia Evelin Martínez, panelista de este conversatorio quien aseguró que “la pobreza en el país se incrementa diariamente…y el clan familiar Bukele aumenta el número y el valor de sus propiedades, y las compra libre de impuesto”, comparó.
“Estamos frente a un cuento chino del desarrollo y el progreso, necesitamos construir una nueva narrativa alternativa a lo que expresa el gobierno”, y como ejemplo citó el tema de la minería metálica, la cual afirma que “contaminará todos los afluentes que llevan al río Lempa, no es posible la mitigación de ese impacto ambiental negativo”, aseveró. Por tanto, remarcó que “quien controla la narrativa es quien controla el poder debemos salir de eso”.
En conclusión, los panelistas y participantes consideran que frente a la situación actual que vive el país, y las amenazas por los megaproyectos, “es necesario la articulación a nivel de región para la construcción de una agenda común para la defensa de la madre tierra, retomar las reivindicaciones económicas estructurales a la par de las de carácter cultural, y la revitalización de la espiritualidad,
cosmovisión e identidad”, concluyó Flores.
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