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La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) denunció al gobierno de Perú ante varias instancias de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), por el «peligro de etnocidio» que corren las comunidades indígenas amazónicas ante la crisis del coronavirus.
La AIDESEP, que agrupa a nueve organizaciones regionales —donde están asociadas 109 federaciones locales de 1.800 comunidades— señala que la denuncia es debido a «la desatención evidente y la reiterada discriminación a múltiple nivel (técnica, política, económica, sanitaria, cultural, productiva)» que están sufriendo los indígenas amazónicos en los planes y acciones estatales para afrontar la pandemia en el país sudamericano.
En el texto explican que después de los 36 días que el presidente peruano, Martín Vizcarra, declaró la emergencia nacional en el país y decretó distintas medidas para enfrentar la pandemia, «aún no existe un plan de atención para la amazonía indígena, menos todavía una acción sistemática e intercultural con nuestros pueblos».
En este tiempo —dicen— ni siquiera se han desarrollado acciones parciales o unilaterales que sean eficaces para atender las peores emergencias que sufren las comunidades amazónicas; puesto que el Gobierno peruano «ha priorizado la atención de las ciudades, empresas, trabajadores y población urbana».
«Para la amazonía indígena, continúa la marginalidad, la invisibilidad y discriminación», sentencian.
Esta situación, mencionan, conlleva «el consecuente riesgo para la vida de nuestras comunidades amazónicas, configurando un posible etnocidio generado por la inacción y discriminación del Estado peruano».
Esta organización responsabiliza al Estado peruano por los daños permanentes que puedan sufrir estos pueblos indígenas, como mortandad, desnutrición, morbilidad, abandono educativo y pérdida de capacidades productivas, que pueden derivar en un caos social, que afecte sus derechos colectivos.
Avance «constante y creciente»
La denuncia se ha presentado, al considerar que «el avance de la pandemia sobre los territorios amazónicos es constante y creciente». Detallan que, hasta el 20 de abril de 2020, de los 16.325 infectados en el país, 1.415 estaban en 11 regiones amazónicas.
«Las evidencias alertan que el covid ya ha avanzado a las ciudades adyacentes a los territorios indígenas», enfatizan.
Como ejemplo de la falta de «protocolos o criterios» por parte del Estado para atender la salud de los pueblos indígenas, hablaron sobre una pareja de esposos del pueblo Shipibo, presuntamente contagiados, que viven en una comunidad de 300 personas.
«El Gobierno nacional y regional de Ucayali han reaccionado lenta y tardíamente y sin orientación alguna. Viajó una comisión recién tres días después de la notificación de la posible enfermedad, y se presentaron con solo tres pruebas rápidas, pese a que el riesgo de contagio en una comunidad es enorme», detallaron.
La denuncia presentada por la AIDESEP fue enviada, concretamente, a:
Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
Elisabeth Tichy-Fisslberger, presidenta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.
Shinichi AGO, presidente de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Francisco Eguiguren Praeli, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Antonia Urrejola Noguera, relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH.
Amir Noureddine, director del Comité Especial de Erradicación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU.
El jueves, la AIDESEP informó, sin dar mayores detalles, que, a la fecha, ya recibieron «una respuesta favorable» de parte de Noureddine.
A principios de abril, la OEA alertó sobre «la doble situación de vulnerabilidad que sufren las comunidades indígenas» frente al coronavirus, por su marginación histórica más el aislamiento geográfico. Por ello, instó a los Estados miembros del organismo a tener especial atención con estas poblaciones ante la emergencia sanitaria.
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