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Guatemala/Signis ALC
En momentos en que el Congreso guatemalteco está debatiendo sobre las reformas en la Ley de minería, buy los pueblos indígenas exigen que las leyes mineras respeten los derechos humanos. En las demandas se pide la incorporación de procesos de consulta y se asegure que los pueblos indígenas pueden ejercer su derecho al consentimiento previo, cialis sale libre e informado a la concesión de cualquier licencia minera.
Uno de los casos en que las concesiones mineras se han realizado sin consultar a las comunidades y los pueblos es la licencia entregada por el gobierno para la explotación de la mina de oro Marlin I, medicine concedida a una filial de Goldcorp Inc. La mina se implantó en San Miguel Ixtahuacán y
Sipacapa, municipios donde residen unas 52.000 personas. En su mayoría indígenas mayas que viven de la agricultura de subsistencia y que nunca fueron consultadas sobre el proyecto minero.
Según Amnistía Internacional, en los últimos años, los conflictos en torno a la minería se han generalizado en Guatemala. En todo el país, las comunidades locales han protestado contra el emplazamiento de minas en sus tierras, debido a la preocupación porque las actividades mineras contaminen sus tierras, afecten a sus medios de vida y la falta de consulta previa.
No obstante, estos procesos de protesta y movilización ha significado años de amenazas y violencia, con personas heridas y muertas. Los dirigentes comunitarios que protestan contra las actividades mineras se convierten a menudo en blanco de amenazas, intimidación o ataques. En la mayoría de los casos, los responsables de esos actos no han rendido aún cuentas.
Las comunidades afectadas se opusieron a la mina desde sus inicios. Las tensiones se agravaron y empezaron los ataques contra las personas activistas contrarias a la mina. Así, en julio de 2010, Deodora Hernández, activista que había protestado por los posibles efectos negativos en el medio ambiente, estaba en su casa cuando le dispararon dos hombres no identificados. Hasta la fecha, nadie ha sido llevado ante la justicia por este ataque.
Naciones Unidas ha pedido a Guatemala que reforme la Ley de la minería de 1977. El Presidente del Gobierno pidió una moratoria a la concesión de nuevas licencias mientras se adoptan las reformas a la ley. Sin embargo, el gobierno continua sacando a concurso nuevas licencias.
