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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Decenas de personas pertenecientes a pueblos originarios llegaron a la Asamblea Legislativa para mostrar su rechazo hacia la iniciativa de reforma constitucional, promovida semanas atrás por los partidos ARENA, GANA y PDC, en razón de que se elimine el límite de hectáreas que según la Carta Magna debe poseer una persona natural o jurídica.
Para los protestantes la solicitud de la derecha, si llegase a aprobarse, constituiría un peligro para las comunidades indígenas y su derecho a la propiedad y posesión, ya que en la actualidad solo cuentan con tierras para vivienda y tienen que alquilar para cultivo.
“Exigimos a los diputados que la propuesta de ley presentada por la derecha sea desestimada ya que viene a suprimir el derecho de los pueblos indígenas a las tierras, ya que en la mayoría de los casos somos personas de escasos recursos económicos. Para nosotros, los diputados de la derecha en lugar de presentar este tipo de iniciativas deberían legislar para que toda la población tenga derecho a la propiedad”, dijo Samuel López, representante de los pueblos originarios de Tacuba.
Para Yohalmo Cabrera, diputado del FMLN, la reforma al artículo 105 de la Constitución de la República que los partidos de derecha solicitan para eliminar los límites de tenencia de la tierra es repugnante ya que propone un regreso al pasado en que unas pocas familias eran dueñas de todo el país.
“Quieren regresar a aquellos tiempos en que el presidente Zaldívar decretó la Ley de Extinción de Ejidos y muchos terratenientes usurparon y despojaron de sus tierras a los pueblos originarios, las familias pudientes de este país se han puesto de acuerdo con su herramienta política y jurídica que es ARENA para satisfacer su deseo de acaparar las tierras”, expuso el parlamentario.
El artículo 105 de la Carta Magna establece un límite de 245 hectáreas como máximo de posesión por persona y reformarlo significaría legalizar los latifundios, lo cual afectaría a pequeños y medianos propietarios trabajadores de la tierra.
Los grupos de pueblos originarios también denunciaron la falta de interés de los partidos de derecha hacia el análisis y discusión de la Ley de Defensa de los Derechos de los Pueblos Originarios, una iniciativa que busca el reconocimiento de la existencia de los mismos, la promoción de sus costumbres y tradiciones, y la obligatoriedad del Estado a procurar el cumplimiento de los derechos hacia este sector poblacional.
