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Reitoca / AFP
Noe Leiva
Andonie está dispuesto a dar su vida por defender un río que transcurre con más piedras que agua entre áridas montañas del sur de Honduras, donde una compañía pretende construir una hidroeléctrica. Santos, de un poblado vecino, proclama que la obra debe seguir por el empleo que genera.
Andonie Ruiz, de 35 años, es originario del municipio de indígenas lencas de Reitoca y Santos Fausto Rodas, de 60, de Lepaterique, dos pueblos cercanos.
Las dos comunidades tenían relaciones amistosos hasta 2017, cuando entraron en conflicto luego de que la Promotora de Energía Limpia S.A. (Progelsa) llegó para construir la represa hidroeléctrica Petacón en el río Grande de Reitoca.
Santos acusa a sus vecinos de Reitoca de haber incendiado, una noche de febrero, las alcantarillas de fibra de vidrio que revestían los túneles por donde la compañía pretende desviar el agua del río a la sala de turbinas de la represa.
Según Santos, también incendiaron una bodega, las viviendas de madera de los ingenieros y obreros, así como la sala de máquinas, que estaba avanzada en cerca de 70%.
– Conflictividad por obras –
En los túneles, el olor a plástico quemado, la madera y las láminas de zinc retorcidas y manchadas de hollín por los incendios, son testigos del conflicto. Toda la instalación ha quedado en ruinas.
«Ellos (pobladores de Lepaterique) pudieron meterle fuego para culparnos a nosotros» los vecinos de Reitoca. «Más bien ellos nos incendiaron el campamento», aseguró Andonie.
Desde el 15 de enero del 2018, los pobladores de Reitoca instalaron un campamento para protestar a la orilla de la polvorienta carretera en la entrada a la hidroeléctrica, de donde fueron desalojados violentamente dos semanas después por policías que balearon a dos personas. Luego ellos volvieron a instalarse.
Fueron atacados de nuevo el lunes pasado por policías con gases lacrimógenos y por guardias de la empresa con resultados, de un baleados, Ever Ramos, de 19, denunció la pobladora Gissela Rodas.
Según Wilmer Alonso Herrera, de 38 años, otro vecino Reitoca, unos 33.000 pobladores de media docena de comunidades del llamado Corredor Seco del sur de Honduras, resultarán afectadas por los daños al río, la mayor fuente de agua y de peces con que cuentan.
Mientras, Santos lamenta que unos 300 jóvenes que trabajaban con la compañía, incluyendo dos hijos suyos, quedaron sin empleo solo porque unos «señores de Reitoca vinieron a parar la empresa aduciendo que el río se los iban a secar».
«Nosotros no vamos a ceder, les hemos dicho en repetidas veces que visitamos los proyectos hidroeléctricos que hay aquí (…) y si es cierto que se contamina el río, yo mismo voy a estar en contra» de la obra, sentenció.
Pidió a Estados Unidos apoyar a la empresa que genera empleo para detener la migración ilegal, como las caravanas que salieron de Honduras en los últimos meses en busca de empleo.
Jain Mendoza, 68 años, aboga por un acuerdo entre las comunidades pero «que rectifiquen» los de Reitoca porque considera que no se afecta el río que recibe siete afluentes de una montaña de Lepaterique.
– «Sin consulta Previa» –
El Consejo Indígena Lenca de Reitoca denunció en un comunicado que los conflictos vienen desde el 16 de febrero del 2017, cuando presentaron una denuncia contra Progelsa en el Ministerio Público «por la instalación del proyecto hidroeléctrico Petacón (…) sin la consulta previa, libre informada», que demanda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según el comunicado, la fiscalía de Etnias del Ministerio Público acusó al entonces viceministro de Recursos Naturales y Ambiente, Marco Jonathan Laínez, por «abuso de autoridad» al comprobar el otorgamiento a Progelsa de la licencia ambiental sin la consulta previa.
Seis pobladores están acusados por usurpación, daños a la propiedad y otros delitos, cuyos procesos transcurren en el juzgado.
«Así como mataron a Berta Cáceres nos pueden asesinar a nosotros pero estamos dispuestos a dar la vida por el río, igual que ella», sostuvo Andonie, en alusión a la dirigente lenca asesinada en 2016 por oponerse a la construcción de una represa en el río Gualcarque, en territorio indígena.
Según la organización humanitaria internacional Oxfam, los conflictos por la tierra y el agua están en aumento en Honduras.
El director del no gubernamental Centro Hondureño para la Promoción y Desarrollo Comunitario (Cehprodec), Donald Hernández, detalló que otros conflictos ocurren en Pajuiles, en el caribeño puerto de Tela (norte), San Jose La Paz (oeste), El Tornillito en Chinda, departamento de Santa Barbara (noroeste), y en Culmi (este).
