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San Juan/PL
A seis meses de la destrucción ocasionada por el huracán María, Puerto Rico no ha conseguido recuperarse, pese a los visos de aparente normalidad en la zona metropolitana de San Juan.
Todavía mucha de la infraestructura del país no ha sido reparada, luego del meteoro que causó pérdidas estimadas en 100 mil millones de dólares y que echó abajo el sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por lo que cientos de familias están sin servicio desde el 20 de septiembre del año pasado y otras desde dos semanas antes, cuando afectó el huracán Irma.
La realidad es que la respuesta de la administración del gobernador Ricardo Rosselló, que en principio parecía organizada, se transformó en un desastre y quedó manchada por la concesión de un contrato de hasta 300 millones de dólares a la pequeña empresa estadounidense Whitefish Energy, cuyo propietario contribuyó a la campaña del presidente Donald J. Trump.
La realidad es que transcurrido medio año de la catástrofe, Puerto Rico parece seguir sin rumbo en medio de la bancarrota fiscal que enfrenta su gobierno y de la deuda pública de más de 73 mil millones de dólares, para lo que Estados Unidos ha aportado el establecimiento de una legislación, Promesa, que a la vez ha impuesto una junta de control fiscal que cuesta a los puertorriqueños 80 millones de dólares al año.
Muchos pequeños negocios no han tenido otra salida que permanecer cerrados desde el paso del ciclón ante la falta de energía eléctrica y otros han operado a un alto coste mediante la adquisición de plantas y combustible.
La actuación de Washington, a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), no sólo resultó tardía, sino insuficiente, por lo que algunos funcionarios del gobierno insular, incluida su delegada electa ante el Congreso, Jenniffer González, han tenido que hacer esfuerzos mayúsculos para que se atiendan problemas puntuales, como la entrega de toldos para las viviendas destruidas.
Algunas, apenas ahora se han comenzado a reparar en un proceso que está manchado por denuncias de corrupción, debido a que, por ejemplo, las empresas estadounidenses que realizan la labor facturan 600 dólares por una taza de inodoro, que en realidad tiene un costo menor a los 100 dólares.
‘El diluvio de fondos federales anunciado no va a ser tal, no sabemos cómo se va a usar y tampoco sabemos la sincronización en el ritmo de esos desembolsos’, aseveró el economista Argeo Quiñones.
El catedrático de la Universidad de Puerto Rico UPR) expresó al diario El Vocero que la adaptación a la nueva realidad, en un marco crítico, es lo que permitirá lidiar con ‘una situación más deteriorada a lo que teníamos antes del huracán, después de 11 años de contracción económica y muchos ajustes’.
‘Hay mucho pasando, pero no es materia de optimismo; hay una nueva normalidad (en la que) miles de negocios salieron del mercado, hay menos competencia en algunos sectores y eso se traduce en mayores precios y otras prácticas de tendencia monopolística, y no todos lo están viendo’, destacó Quiñones.
