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Por Henry Morales Arana/Edgar Calderón
Ciudad de Guatemala/AFP
El intento del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de expulsar al jefe de una comisión antimafias de la ONU desató el lunes una ola de críticas y protestas, que agravó la crisis política que vive el país.
Cientos de indígenas, campesinos y estudiantes salieron a las calles del centro histórico capitalino para reclamar la dimisión del mandatario, conocido por la mayoría de los guatemaltecos por su pasado como comediante y que ganó las elecciones en 2015 con la promesa de sepultar la corrupción rampante.
«Lo que pretende el presidente es garantizar la impunidad, al evitar ser perseguido penalmente por financiamiento ilícito. Es una vergüenza», dijo a la AFP Andrea Ixchíu, activista del departamento indígena de Totonicapán.
Casi un centenar de organizaciones de la sociedad civil de las Américas y España condenaron la decisión del mandatario y la calificaron como «una ruptura grave de los compromisos del gobierno con la lucha contra la impunidad».
Morales ordenó el domingo la expulsión del exjuez colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que funciona desde 2007, al acusarlo de entrometerse en asuntos internos de Estado y sobrepasar sus funciones.
Su decisión llegó dos días después de que Velásquez iniciara el viernes, junto con la fiscal general Thelma Aldana, el proceso para retirar la inmunidad al gobernante con el fin de investigarle por supuesta corrupción de fondos de campaña en su partido, el derechista FCN-Nación, en 2015.
La Cicig destapó en abril de ese año un fraude en las aduanas que forzó la renuncia del entonces mandatario Otto Pérez (2012-2015) y su vicepresidenta, Roxana Baldetti. Ambos están en la cárcel a la espera de ser juzgados.
«No los haré llorar»
La orden de expulsión no se cumplió porque la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país, otorgó tres amparos provisionales para frenarla.
Activistas presentaron este lunes dos acciones ante la Corte Suprema de Justicia para quitar los fueros a Morales y procesarlo por abuso de autoridad y otros delitos, al considerar que la expulsión es ilegal.
El comisionado se reunió el lunes con líderes indígenas, que le «expresaron solidaridad y apoyo por su labor al frente» de la entidad, según explicó la propia Cicig en su cuenta de Twitter.
Un centenar de personas adeptas del presidente se apostaron ante la sede de la comisión para exigir la salida de su titular.
Las oficinas de la ONU en Guatemala hicieron un llamado a los diferentes sectores a evitar la violencia y favorecer el diálogo.
Morales forma parte de la historia reciente de los guatemaltecos por interpretar durante más de dos décadas a Neto, una especie de vaquero ingenuo en el programa de televisión «Moralejas», que producía junto a su hermano Samuel.
Éste y un hijo del mandatario causaron gran daño al gobierno por acabar involucrados en un fraude relacionado con un contrato de alimentos.
«Durante 20 años los he hecho reír, les prometo que si llego a ser presidente no los voy a hacer llorar», afirmó Morales durante la campaña electoral.
A casi la mitad de su mandato de cuatro años, sus críticos señalan que no ha cumplido con las expectativas por las que fue electo en 2015, en medio de una crisis por escándalos de corrupción en el gobierno Pérez.
Morales, de 48 años, derechista y protestante, también aseguró en su camino al poder que no era «ni corrupto ni ladrón», una afirmación que le recriminan en las protestas.
«Tengo que decir que (la) decisión de expulsar al comisionado de Cicig ha dañado la credibilidad de este gobierno en esta lucha» contra la corrupción, señaló el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson.
El congresista estadounidense Ed Royce, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, urgió igualmente a Morales a «cambiar de curso, respetar a la Corte Constitucional, y permitir a Iván Velásquez continuar su importante labor de apoyo a las autoridades de Guatemala a combatir la corrupción».
Evitar investigación
La orden de expulsión provocó la renuncia de la cúpula del Ministerio de Salud y un alto funcionario comercial, mientras que el canciller Carlos Raúl Morales fue destituido.
El gobierno informó este lunes en junta de gabinete que el resto de ministros y secretarios «respaldaron la gestión de Morales». Grupos de derecha también han expresado su beneplácito por la decisión de expulsar al exmagistrado colombiano.
Velásquez se hizo cargo de la Cicig en 2013, pero fue en abril de 2015 cuando su nombre resonó al revelar junto con la fiscalía un fraude millonario en las aduanas que tumbó al expresidente Pérez, señalado como el cabecilla de esa red de evasión fiscal.
Álvaro Montenegro, integrante del colectivo Justicia Ya, indicó a la AFP que el presidente quiere expulsar a Velásquez para evitar la investigación de financiamiento ilícito de campaña, además de favorecer a sus familiares.
«Todos los que han sido acusados de casos de corrupción se han aliado para sacar a Iván Velásquez», alertó el activista del movimiento surgido en 2015 durante las protestas contra Pérez.
La Cicig, de la mano de Velásquez, también ha revelado en los últimos años otros casos de corrupción que involucran a diputados, alcaldes y empresarios.
Expresidente de Congreso guatemalteco condenado por lavado de dinero
El expresidente del Congreso de Guatemala Rubén Darío Morales, fue condenado este lunes a ocho años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y concusión por el desvío de más de 10 millones de dólares de fondos públicos en 2008, informó la fiscalía.
Morales fungió como presidente del Poder Legislativo en 2007 y fue encontrado culpable de participar en el desvío de los recursos a una financiera local Mercado de Futuros (MDF) para recibir comisiones, dijo a periodistas Julia Barrera, vocera de la entidad judicial.
«Se logró que el Tribunal Tercero de Sentencia Penal dictara una sentencia condenatoria de 8 años de prisión en contra de Rubén Darío Morales Veliz, expresidente del Congreso de la República», afirmó la funcionaria.
El político deberá cumplir seis años de prisión por lavado de dinero y dos años más por el delito de concusión, agregó.
Por el mismo caso en 2012 fue sentenciado a tres años de prisión conmutable Eduardo Meyer, quien presidió el Congreso en 2008 con la entonces gobernante Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, socialdemócrata).
La máxima condena por el caso la recibió ese año Raúl Girón, representante legal de MDF, a quien se le dictó 24 años de prisión.
