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Tomado de Univisión
El fantasma de la deportación volvió a rondar por la comunidad inmigrante de Homestead, una localidad agrícola ubicada al sur de Miami, Florida, tras el anuncio del gobernador Ron DeSantis de enviar a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para aumentar la persecución a los indocumentados.
“Se va a poner más duro de lo que está ahora”, dice la señora Ajtú, una inmigrante indocumentada guatemalteca cuyo esposo fue deportado en octubre de 2014 tras batallar varios años en una corte de inmigración.
“Da miedo, pues. Lo más duro es para todas aquellas madres que tienen familia, hijos pequeños que sacar adelante, porque las cosas se van a complicar”. Fue detenido por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estacionamiento del edificio donde vivía a eso de las 5 am cuando se dirigía al trabajo.
Intentó dos veces regresar sin permiso para reunirse con su familia y sus tres hijos, ahora de 16, 12 y 8 años, pero lo detuvieron en la frontera y lo castigaron de por vida. “Me quedé sola y con mi trabajo los he sacado adelante. Pero imagínese si mañana salgo a la calle y me detienen, o voy a la emergencia de un hospital. No quiero pensar en eso porque da mucho miedo”, señala.
A la pregunta qué hará si la advertencia de DeSantis se cumple y la Asamblea aprueba una de las leyes migratorias más restrictivas que existen en el país, Ajtú dijo que “todo se complicará, pues. Y la verdad, no sé lo que va a pasar, pero no es nada bueno”.
El nuevo plan migratorio de DeSantis
DeSantis dijo, recientemente, que entregará una “amplia propuesta legislativa” para tomar medidas contra lo que define como “crecientes amenazas que plantea la inmigración ilegal como resultado de la administración Biden para asegurar las fronteras”.
Sin embargo, al igual que con otras políticas migratorias similares, el gobernador no explica que la política fronteriza de Biden se basa en el cumplimiento del debido proceso, es decir, todos aquellos que tienen una causa probable de asilo son procesados de acuerdo con lo permitido por la ley y son los jueces de inmigración quienes deciden el futuro de estas personas en Estados Unidos.
A pesar de que los inmigrantes liberados en la frontera no tienen una admisión por parte de las autoridades federales y tampoco acumulan tiempo ilegal de permanencia, para DeSantis se trata de extranjeros ilegales que deben ser detenidos y expulsados. Ante esta interpretación de la ley federal, pide aumentar las sanciones por tráfico de personas, fortalecer los estatutos para la detención de extranjeros ilegales, exigir el uso universal de E-Verify, mejorar las sanciones por falsificación de documentos y prohibir que los gobiernos locales expidan tarjetas de identificación a personas que no se encuentran legalmente en el país.
El plan incluye, además:
Invalidar todas las licencias de otros estados para extranjeros no autorizados;
Requiere que aquellos que se registren para votar afirmen que son ciudadanos de los Estados Unidos y residentes legales de Florida;
Evita que los inmigrantes no autorizados sean admitidos para ejercer la abogacía (dreamers protegidos por DACA);
Elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados;
Requiere que los hospitales recopilen datos sobre el estado migratorio de los pacientes y los costos para brindar atención a los extranjeros ilegales y que informen periódicamente los datos al Gobernador y la Legislatura;
Aumento de las penas por tráfico de personas.
Respecto a los castigos a acusados de transporte de indocumentados, recomienda:
Hacer que sea un delito grave de tercer grado, punible con hasta cinco años de prisión, una multa de $5,000 y cinco años de libertad condicional, transportar, ocultar o albergar a sabiendas a un extranjero ilegal dentro o hacia el estado;
Convertirlo en un delito grave de segundo grado, punible con hasta 15 años de prisión y una multa de hasta $10,000, si el inmigrante ilegal es menor de 18 años; y
Especificar que una persona comete un delito separado por cada persona transportada, oculta o albergada y permitir que las personas transportadas sean detenidas por las fuerzas del orden público como testigos materiales.
“Se nos pondrá todo más difícil”, dice la señora Érika, una inmigrante nicaragüense que fue detenida en la frontera con México en julio del año pasado, procesada, liberada bajo el Programa Alternativo de detención (ADT) y desde entonces espera una audiencia ante un juez de inmigración para pedir asilo. “Si ahora da miedo salir, y que a una la pongan en un bus y se la lleven, imagínese después, si aprueban esas leyes que se anunciaron”, agregó.
En los dos años anteriores, DeSantis ha emitido órdenes ejecutivas para combatir la inmigración irregular y recientemente la Asamblea Estatal aprobó una ley que permite el traslado de indocumentados a cualquier otro estado del país sin importar si están a la espera de sus audiencias en la Corte de Inmigración (EOIR).
La angustia de la señora Érika, sin embargo, no sólo fue provocada por la política migratoria de DeSantis, sino por las demoras en el proceso migratorio a cargo del gobierno federal.
“Cuando me pusieron en libertad me dieron un teléfono para deportarme cada martes a las 10 am y tengo que enviarles una fotografía. También me dijeron que tengo que pedir una cita para inmigración y he intentado todo este tiempo, pero la aplicación no funciona. Y mi cita con el juez de inmigración me la pusieron para el 2025. Entonces, imagínese. Si me agarran qué, ¿me suben a un autobús?”, se pregunta.
Tras una pausa, reflexiona sobre su futuro inmediato en Estados Unidos. “Escapé de Nicaragua y ahora debo mantener a cuatro de mi familia, de ellos tres hijos. Mientras espero mi cita en la corte, solo me queda la ayuda de Dios y de las personas caritativas que nos ayuden. Pero si las cosas van a empeorar, como dicen, pues “¡Que dios nos ayude! Porque no queda de otra”.
