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Por Leonel Herrera*
Por petición de la Fiscalía General de la República, el Juzgado de Paz de Victoria decretó reserva total del proceso penal contra los líderes comunitarios de Santa Marta y representantes de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), lo cual significa el cierre total del acceso a la información y la prohibición de difundir detalles del caso. Con esta medida, la prensa ya no podrá informar y la ciudadanía no conocerá más sobre este juicio relevante, de trascendencia histórica y que ha provocado muchas reacciones nacional e internacionalmente.
Y esta decisión del referido tribunal genera dudas y sospechas, pues el de los defensores ambientales de Santa Marta y ADES es el primer proceso judicial sobre delitos cometidos durante el conflicto armado que es puesto bajo reserva total. Todos los demás casos de este tipo no tienen tal prohibición, incluso el juicio sobre la Masacre de El Mozote (Que el presidente Nayib Bukele no abra los archivos militares es una ilegal reserva fáctica porque el juez del caso nunca estableció reserva).
¿Qué hace diferente al caso de los miembros de Santa Marta y ADES para ser el único en tener reserva total? ¿Qué esconde o qué no quiere la Fiscalía que el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional sepan sobre el cuestionado proceso judicial contra los luchadores sociales de Cabañas?
Al inicio del proceso, antes de que se decretara la reserva, se hizo pública la debilidad del caso, especialmente en relación a la ausencia de pruebas reales sobre la existencia de los delitos imputados y de la participación de los detenidos en el supuesto crimen. ¿Es eso lo que Fiscalía busca evitar que sea conocido por la ciudadanía?
También se mencionó el intento de criminalizar a las extintas organizaciones guerrilleras y a las expresiones organizativas actuales vinculadas a ex guerrilleros (asociaciones de veteranos, cooperativas de ex combatientes, comunidades repobladas de exiliados y ONGs con miembros o beneficiarios con pasado guerrillero), en la misma línea de estigmatización y persecución de otras organizaciones que los hermanos Bukele consideran “opositoras” a su régimen. ¿Intenta Fiscalía evitar el debate público sobre este controversial y peligros aspecto de su requerimiento?
Además, diversas organizaciones sociales han mencionado -como posible trasfondo de la detención de los líderes comunitarios y defensores ambientales de Santa Marta y ADES- la eventual reapertura de los proyectos mineros por parte del actual gobierno, a pesar de que éstos están proscritos en la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. ¿La reserva del caso busca impedir esta discusión, aun con las claras señales de que la amenaza minera se cierne otra vez sobre el país?
El proceso penal contra los detenidos de Cabañas debe ser público, el juicio trasparente y toda la información disponible para la prensa, no sólo para disipar las dudas antes mencionadas, sino porque es un caso relacionado con la memoria histórica, el conocimiento de la verdad, la búsqueda de justicia y la dignificación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la fratricida guerra civil. Todos estos casos deben ser objeto de un debate público abierto, plural, transparente y orientado hacia una verdadera reconciliación nacional.
Por tanto, es necesario que el Sistema Judicial revierta la cuestionada reserva de este caso. Para esto es urgente que se pronuncien vehementemente el gremio periodístico, los medios de comunicación independientes, la academia y todas las organizaciones promotoras del derecho a la información, el conocimiento de la verdad, el acceso a la justicia, la preservación de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas.
La otra cuestionable decisión judicial sobre el caso de Santa Marta y ADES, que representa una flagrante discriminación y una grave violación al principio de igualdad, es la detención provisional de los acusados. Si en los demás juicios por crímenes de la guerra civil los acusados son procesados en libertad, ¿por qué el Juzgado de Paz de Victoria decretó prisión preventiva contra los lideres comunitarios y defensores ambientales de Cabañas?
¿Por qué, a pesar de la delicada situación de salud, el arraigo comunitario y la labor social que realizan los miembros de Santa Marta y representantes de ADES, Fiscalía y Sistema Judicial se ensañan contra ellos y los mandan a la cárcel?, mientras que a otros procesados peligrosos o con riesgo de fuga (como el yutuber acosador Roberto Silva) se les deja en libertad. ¿A eso también se debe la reserva total del caso?
Ojalá que cada vez más voces se sumen a denunciar este proceso arbitrario, absurdo e injusto contra los líderes comunitarios y defensores ambientales hasta lograr su libertad.
*Periodista y activista.
