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Por Leonel Herrera*
Por orden de Nayib Bukele, la bancada oficialista y sus aliados aprobaron, el pasado 23 de diciembre, la Ley General de Minería Metálica que abre paso nuevamente a los tenebrosos proyectos mineros en El Salvador.
La nefasta normativa fue aprobada a pesar del rechazado de la Iglesia Católica y las iglesias históricas, las principales universidades del país, las organizaciones ambientalistas y la mayoría de la población.
Según la encuesta de la UCA publicada horas antes de la aprobación de la ley, el 60% de la población considera que el país no es apropiado para la minería metálica, el 70% cree que los proyectos mineros causarían daños al medioambiente, el 92% dijo que no le gustaría trabajar en minería y el 95% piensa que es peligroso vivir cerca de una mina.
Otro sondeo realizado por la organización Justicia Social y Contraloría Ciudadana también muestra datos contundentes. Por ejemplo: el 95% piensa que la minería causaría daños ambientales y el 90% cree que no mejoraría su situación económica.
La bancada cyan (ahora llamada “bancada cyanuro” por la indignación popular en redes sociales) aprobó la ley minera al mejor estilo de los mismos de siempre: sin ningún estudio técnico, sin consulta ciudadana y en tiempo record.
Los diputados oficialistas de la comisión que “estudió” el proyecto de ley, incluso, votaron en contra de escuchar la opinión del Ministerio de Medioambiente y de la Autoridad Nacional del Agua de su propio gobierno.
Como señalan Santa Marta y ADES, la aprobación de la normativa en cuestión “constitiye el mayor atentado contra el agua, el medioambiente, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones”. Por los efectos nocivos de la minería metálica y las condiciones de vulnerabilidad socioambiental del país, la implementación de esta ley provocaría una verdadera catástrofe nacional.
¿Qué hacer? San Óscar Arnulfo Romero estableció que “una ley injusta no debe cumplirse”; y ésta, que causará mayor escacez y contaminación del agua, destrucción de ecosistemas, múltiples enfermedades y muerte, es totalmente injusta y -por tanto- inaplicable.
Esta ley violentaría de la manera más flagrante y atroz los derechos al agua, a un medioambiente sano, a la alimentación, a la salud, a la seguridad e integridad y a la vida misma.
Por eso la Iglesia Católica ha anunciado que acompañará a la población en la defensa de la vida y de los bienes comunes, un anuncio especialmente esperanzador para las comunidades que enfrentarán directamente a las empresas mineras en su territorio.
Santa Marta y ADES proponen tres cosas: organización, movilización y resistencia; y pone como inspiración el ejemplo de los mártires ambientales que lucharon hasta las últimas consecuencias contra los proyectos mineros a orillas del Río Lempa.
Esta organización, movilización y resistencia debe realizarse en todos los ámbitos: mediático, digital y presencial, a fin de hacer sentir a la autocracia bukeliana que el descontento popular será mayor si no deroga la ley y que la imposición de proyectos mineros podría ser su acabose político.
El rechazo a la ley minera expresado también por muchos bukelistas muestra que la gente adormecida por la propaganda oficial empieza a despertar y que el “No a la Minería” podría generar un movimiento nacional que aborde seriamente las dos problemáticas planteadas por Santa Marta y ADES: “las consecuencias de no tener institucionalidad, separación de poderes y contrapesos democráticos; y el comportamiento de funcionarios que no escuchan al pueblo y que imponen sus proyectos sin argumentos válidos, sin participación y sin importarles las terribles consecuencias”.
Finalmente, sobre Santa Marta y ADES, hay que tener presente que esta lucha justa por el agua, el medioambiente y la continuidad de la vida pasa por lograr la libertad de los líderes comunitarios criminalizados y perseguidos, precisamente, por denunciar la reactivación de la minería y advertir sobre el peligro que representan los proyectos extractivistas para la existencia del país.
*Periodista y activista social.
