Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Por Leonel Herrera*
La captura del ex presidente del TSE, Eugenio Chicas, es a todas luces abusiva, arbitraria e ilegal. El pretexto para detenerlo es un juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito, es decir, no es un proceso penal. Además, aún no hay una sentencia firme en dicho caso.
Por tanto, la detención de Chicas no sería una acción jurídica, sino un acto de represalia política que podría responder a -al menos- tres razones. La primera sería una venganza personal de Nayib Bukele, por haberle ganado judicialmente en una demanda por calumnia y difamación.
En marzo de 2019, un juzgado de sentencia de Santa Tecla condenó al entonces presidente electo a pagar 50,000 dólares a Chicas y a disculparse públicamente por haberlo acusado sin pruebas de cometer violencia sexual. En tal sentido, es probable que el autócrata haya ordenado a su Fiscalía y Policía proceder contra el político de izquierda.
El hecho que Bukele publique en sus redes sociales la foto de Chicas esposado y afirme que se trata de su “lucha contra la corrupción”, sería una admisión tácita de que él directamente está detrás de la detención.
La segunda razón, es la más obvia: represalia contra Chicas por ser crítico del régimen de Bukele. El ex presidente del TSE es un duro crítico del desmantelamiento institucional, la reversión democrática y la consolidación autoritaria.
Chicas ha señalado los abusos de poder, violaciones de derechos humanos, la corrupción, la implementación del Bitcoin y otras políticas económicas erráticas de Bukele. También, en diversos momentos, ha llamado a todos los sectores democráticos del país a unirse contra la instauración de la nueva dictadura.
Y la tercera razón es muy significativa. Eugenio Chicas es un importante testigo de la defensa en el proceso penal contra los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES que sufren persecución judicial desde hace más de dos años.
El pasado 3 de febrero Chicas acudió al fallido inicio de la nueva vista pública contra los ambientalistas en el Centro Judicial Integrado de Ciudad Delgado. Al salir dijo a la prensa que el supuesto delito imputado “ya prescribió” y que “el fondo del caso son las pretensiones del régimen de perseguir a los que se oponen a la minería”.
Chicas y los ambientalistas de Santa Marta pertenecieron a la misma organización insurgente durante el conflicto armado. Y su testimonio es una prueba determinante de la inocencia de sus antiguos compañeros, pues confirma que ninguno de los procesados se encontraba en el lugar y fecha en que -según la Fiscalía- se cometió el supuesto asesino.
Por eso es lógico pensar que el propósito de la detención de Chicas sea apartar a un testigo clave de la defensa de los ambientalistas. Además de reprimirlo por manifestarse contra la minería metálica.
El desproporcionado operativo policial y militar en las inmediaciones del tribunal (y varios agentes encubiertos en la concentración de las organizaciones), el pasado 3 de febrero, sugiere que el plan era recapturar a los activistas ambientales. Pero la no presencia de ellos impidió lograr tal propósito.
En una carta pública los defensores ambientales plantearon sus razones para no validar la repetición del juicio y llamaron al país a unirse en la defensa de la vida amenazada por la explotación minera. Es posible que eso haya enfurecido al régimen, y “alguien tenía que pagar”.
Estas tres razones podrían estar detrás de la captura de Eugenio Chicas. Ojalá que los sectores democráticos del país actúen para revertir esta barbarie.
