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La muerte del gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI de R.L.), Manuel Coto Barrientos, junto al alto mando de la Policía Nacional Civil (PNC), incluido su director, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, deja muchas dudas, las cuales se alimentaron a partir del primer mensaje que el presidente inconstitucional, Nayib Bukele, posteó en la red X.
Bukele escribió: “Lo ocurrido no puede quedar como un simple ‘accidente’, debe ser investigado a fondo, y hasta las últimas consecuencias. Solicitaremos ayuda internacional”.
Luego, la embajada de los Estados Unidos, a través del embajador William Duncan, replicó: “A petición del presidente Nayib Bukele, un equipo de investigadores de accidentes aéreos del gobierno de EE.UU. llegará al país en los próximos días…”.
Como ya es de muchos conocido, el accidente aéreo ocurrió en Pasaquina, La Unión, el domingo 8 de septiembre. En el siniestro aéreo fallecieron nueve personas: el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, y el exgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI de R.L.), Manuel Coto Barrientos. Además, el comisionado Rómulo Pompilio Romero Torres, comisionado Douglas Omar García Funes, cabo Abel Antonio Arévalo, teniente Jonathan Raymundo Morán, teniente Alexis Quijano López, subsargento Gerson Batres Lucero y David Cruz Guevara (comunicador del Ministerio de Justicia).
El caso COSAVI se conoció luego de un largo silencio del Gobierno, hasta la primera semana de mayo del presente año, cuando una usuaria reclamó del porqué COSAVI se negaba a entregarle sus ahorros, lo cual fue viralizado. La noche del 9 de mayo, la Fiscalía General de la República anunció que había capturado a 25 supuestos implicados en el desfalco de aproximadamente $35 millones en COSAVI.
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La Fiscalía no ahondó en detalles, solo dijo que 32 personas estaban involucradas en el desfalco, y que habían sido investigadas por Lavado de Dinero y Defraudación a la Economía Pública. Asimismo, dijo que ocho de los 15 capturados eran directivos, sin dar el nombre de estos, y que los máximos directivos habían huído, y que se habrían llevado los $35 millones a Estados Unidos.
Pronto aparecieron fotografías, en las redes sociales, de reconocidos funcionarios del Gobierno de Bukele con los fugitivos, lo que demuestra mucho acercamiento. Luego se supo que un total de once alcaldías, hoy distritos, tenían una deuda de 21 millones 708 mil dólares con la COSAVI de R.L.; al menos, así está registrado al 30 de septiembre de 2023, según el informe del Ministerio de Hacienda.
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A partir de las 15 capturas, que por las redes sociales se difundió que habían sido capturados a principio de año y no en mayo, lo que se ha generado son sospechas.
Hace más de un mes, la Fiscalía publicó en X (antes Twitter) que uno de los perseguidos, Coto Barrientos, había sido capturado por las autoridades panameñas. Más tarde, Panamá negó la información.
Tras conocerse la captura de Coto Barrientos en Honduras, y su rápida repatriación, comenzaron nuevamente las dudas. Primero, porque surgió la pregunta de cómo es que estaba preso en Panamá y, luego, lo capturan nuevamente en Honduras. Es decir, si fue capturado en Panamá, y luego capturado en Honduras, entonces, fue liberado en Panamá. ¿Por qué? Luego Panamá negó la captura, y surge otra pregunta: ¿por qué mintieron las autoridades salvadoreñas?
El accidente aéreo trae más preguntas, en primer lugar, por qué tuvieron que ir a la frontera las altas autoridades policiales y traer al prisionero en helicóptero, qué más daba esperar un par de horas para presentarlo al público como un gran éxito conjunto entre las autoridades policiales de ambos países al capturar a un fugitivo.
Otra duda que despierta es por qué la PNC, encabezada por su director, participó, junto a otros altos mandos de la Policía, en trasladar a un reo, rompiendo así todos los protocolos de seguridad que deben tomar los mandos policiales y militares estratégicos. Romper el protocolo fue decisión propia o alguien los obligó.
Y podríamos enumerar otras dudas, que podrían concluir que alguien quería muerto a Coto Barrientos, y fueron sacrificados los altos mandos policiales. Esto nos llevaría a pensar que estamos ante un caso de conspiración.
Menos mal que hay una investigación del FBI en marcha, por lo que solo esperaríamos que la investigación no se contamine, porque lo más importante es conocer la verdad y, luego, si hay condiciones, que haya justicia. Por ahora, paz para los fallecidos.
