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Por Geoff Thale, Presidente de WOLA
El sábado 16 de enero se cumplió el 29 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado interno en El Salvador.
Un 29 aniversario no suele ser una ocasión especial, ni un llamado a reflexión profunda. Pero este es un momento inusual, que merece ser comentado, dado los acontecimientos en El Salvador, y los cambios pendientes en las relaciones entre EE.UU. y El Salvador mientras el gobierno de Biden toma poder.
En El Salvador, el presidente Bukele dio un discurso contencioso el 16 de diciembre en donde calificó los acuerdos como una “farsa”. El 16 de enero, el Presidente tuiteó que aquel día ya no sería una conmemoración de los acuerdos que terminaron los doce años de guerra civil, al que llamó un acuerdo entre actores corruptos; en cambio, sería un recuerdo de los que murieron y fueron desaparecidos durante el conflicto.
Los comentarios de Bukele son tristes pero no sorprendentes. Encajan en su descalificación general a los líderes políticos salvadoreños y con la historia que lo precedió. Él ganó el cargo en una campaña que rechazó a los partidos políticos de izquierda y derecha por corruptos, incompetentes y agotados, y proyectó una imagen de juventud y disgusto con el pasado.
Hay mucho que criticar sobre los líderes políticos que han guiado a El Salvador en las últimas tres décadas. La corrupción ha prosperado; el crecimiento económico ha sido lento, y la desigualdad ha sido flagrante; la inseguridad, particularmente la violencia pandillera, ha empeorado.
Pero al rechazar los Acuerdos de Paz, el presidente Bukele no solo está rechazando los fracasos de sus predecesores, sino también la base institucional de la democracia Salvadoreña.
Los Acuerdos de Paz de El Salvador no solo pusieron fin a doce años de guerra civil. Crearon el marco para una sociedad más abierta y democrática. Redefinieron el mandato de las fuerzas armadas, que habían dominado el ámbito político durante décadas, limitando su función a la defensa nacional y negándoles su función en la política o la seguridad interna.
Los acuerdos eliminaron las fuerzas de seguridad interna que durante décadas habían reprimido opositores políticos y participado en la violencia de los escuadrones de la muerte, y crearon una nueva fuerza policial civil que pretendía ser profesional y apolítica. Los acuerdos también hicieron un llamado para reformas al Organismo Judicial y a la Fiscalía General de la República.
Sin duda, la implementación de los acuerdos ha sido desigual, y todavía queda mucho por hacer. No obstante, El Salvador pasó de ser un país donde los opositores al gobierno temían por sus vidas, se escondían o tomaban las armas para protegerse y avanzar sus puntos de vista, a un país donde los desacuerdos políticos se expresaban abiertamente, donde políticos con visiones muy diferentes para el país podían hacer campaña sin temor a represalias, donde el periodismo de investigación—impreso y en línea—creció de manera espectacular.
En un país donde la corrupción de alto nivel se extendía sin control, los esfuerzos anticorrupción han mostrado algunos avances. Ex presidentes, quienes antes eran absolutamente inmunes al enjuiciamiento, están ahora bajo acusación, en el exilio o en la cárcel. En los últimos años, la rama constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha mostrado un nivel impresionante de independencia, y se ha enfrentado a los partidos políticos, la legislatura y la rama ejecutiva en repetidas ocasiones.
Eso no es suficiente para hacer de El Salvador un país democrático que funcione plenamente. Y no es suficiente por sí solo para hacer que la economía funcione mejor y de manera más inclusiva.
Pero es un cambio dramático con respecto a lo que era El Salvador antes de los acuerdos, y es una base que debe construirse, no derribarse.
Por eso, más de un centenar de personalidades, entre las que encuentran alguno de los firmantes de los Acuerdos de Paz, diplomáticos internacionales que apoyaron el proceso de paz, historiadores, académicos, y otros, firmaron una carta abierta al presidente Bukele criticando su rechazo de los acuerdos, y proponiendo su implementación. Usuarios de las redes sociales han usado el hashtag #ProhibidoOlvidarSV, para recordar los horrores de la guerra civil y oponerse al rechazo de los acuerdos por parte de Bukele.
No sólo se trata de los comentarios del presidente Bukele. Lamentablemente, parece que sus hechos a través del año pasado están dirigidos al deterioro de algunos de esos pilares institucionales.
El presidente ha empoderado cada vez más a las fuerzas armadas. En febrero, como un intento de resolver una disputa con la Asamblea Nacional, Bukele entró con soldados armados a la cámara de la asamblea para exigir que se aceptara su propuesta y fecha límite. Durante el verano, el presidente respaldó a las fuerzas armadas cuando su liderazgo se negó a cumplir con una orden de la Corte Constitucional de abrir sus archivos mientras un juez buscaba evidencia para el juicio por la masacre de El Mozote.
Repetidamente, el presidente Bukele ha desafiado órdenes de la cámara constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de El Mozote, en su autoridad de ordenar la detención de violadores de la cuarentena sin el proceso debido, sobre la necesidad de cumplir con las decisiones de la Asamblea Nacional.
Con ello, Bukele ha socavado la separación de poderes y los límites impuestos en su autoridad por el poder legislativo y los tribunales.
Su rechazo de los Acuerdos de Paz, rechazando la estructura institucional que sirve para asegurar normas democráticas mínimas, es la culminación lógica de sus hechos, mientras se consolida el poder.
El presidente Bukele sigue siendo enormemente popular en El Salvador, donde su proyección en redes sociales, los ataques contra sus adversarios, e insatisfacción general con los partidos políticos tradicionales, lo han vuelto una popular figura política. Con las próximas elecciones de la Asamblea Nacional a finales de febrero (donde es probable que hayan ganancias políticas significativas por sus partidarios) el Presidente puede estar en una posición aún más fuerte para ejercer su influencia sobre la legislatura, las cortes, y otras entidades gubernamentales.
Mientras el presidente Bukele consolidaba el poder en El Salvador, el gobierno de Trump se quedó casi exclusivamente enfocado en asuntos de migración. El gobierno estadounidense fue poco crítico sobre los hechos de Bukele y no defendió las normas democráticas ni la separación de poder.
El gobierno de Biden tiene la oportunidad de reenfocar las prioridades en El Salvador y poner un mayor énfasis en el respeto y el fortalecimiento de las instituciones democráticas esbozadas en los Acuerdos de Paz. Mientras EE.UU. enfrenta sus propios desafíos en la defensa de la institucionalidad democrática a nivel nacional, el gobierno de Biden reconoce que las instituciones débiles, el estado de derecho frágil, y el poder desenfrenado, se encuentran entre los factores principales que impulsan la inestabilidad y la migración forzada en El Salvador y en la región, y que abordando estos desafíos deben ser un punto clave de la política estadounidense.
A medida que el gobierno de Biden vaya cubriendo puestos en el Departamento de Estado, la Embajada, y otras agencias relacionadas a la política exterior en los próximos meses, debe reafirmar la importancia de los Acuerdos de Paz como un esquema para el desarrollo democrático en El Salvador, apoyar las figuras de la sociedad civil que luchan contra la corrupción y por el respeto al Estado de Derecho, e instar al presidente Bukele a respetar la separación de poderes
