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Blanca Flor Bonilla
Luchadora social y diputada del PARLACEN
La militarización de la Asamblea Legislativa y la usurpación de la presidencia de este órgano, realizada el 9 de febrero de 2020 por Nayib Bukele, dejó al descubierto la mayor crisis de la política salvadoreña de la posguerra.
El denominado 9F mostró un claro intento político de golpe de Estado por parte del presidente, para someter bajo su control a la Asamblea Legislativa, primer órgano del Estado. Numerosas instituciones nacionales e internacionales legítimas que velan por la democracia y los derechos humanos mostraron su enorme preocupación, pues con lo sucedido, volvieron a la memoria aquellas imágenes y recuerdos de la dictadura, el autoritarismo y el terror de la guerra civil de la década de 1980.
Pero este suceso no es el inicio, sino parte de un proceso de degradación de la política salvadoreña a partir del estilo y la carrera política de Bukele, que empezó años atrás. Desde la primera actividad de campaña de Bukele como candidato del FMLN por la Alcaldía de San Salvador, daba muestras de quién es: su discurso consistió en resaltar los regalos que llevó para quienes asistieron. Posteriormente, siendo el alcalde capitalino, se autoproclamó como futuro presidente del país en una conferencia de prensa, sin el aval ni la institucionalidad partidaria.
No hay duda del grave error que cometió el FMLN al abrirle la puerta en su carrera política y de función pública a alguien que no contaba con ningún mérito para ello. El FMLN partió de la confianza en su padre, el Dr. Armando Bukele, un hombre con valores democráticos y patrióticos, quien respetó y reconoció las luchas históricas del pueblo salvadoreño para lograr los Acuerdos de Paz y la Constitución de la República.
Al no contar con el apoyo del FMLN para la candidatura a la presidencia de 2019, Bukele viajó a Estados Unidos, contactó con colectivos de personas salvadoreñas, se reunió con ellas y realizó su lanzamiento público como futuro presidente con el nombre de su nuevo partido. Muchos de los que se entusiasmaron y le dieron apoyo entonces, también han reconocido su error.
En El Salvador se difundió con rapidez el discurso de odio y desprecio contra el presidente Salvador Sánchez Cerén y el FMLN. Fruto de ello, el Frente realizó asambleas para analizar lo sucedido en los catorce departamentos del país. Después de acumular otras formas inapropiadas de hacer política, se le expulsó del partido.
He hecho este recorrido porque se trata del mandatario más importante del país, el presidente de la República, cuya forma de hacer política se ha centrado en vilipendiar, desacreditar y cultivar un odio irracional contra quien él considera como opositor o crítico. Primero fueron ARENA y GANA, cuando formaba parte del FMLN, luego también fue el Frente y el resto de los partidos políticos.
Posteriormente, su estrategia de odio, mentiras y difamación se amplió al resto de instituciones del Estado fuera de su control, a la Academia y las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, sobre todo las relacionadas con la defensa de los derechos humanos y la democracia. Paralelamente, Bukele ha derrochado millonarias sumas de dinero público para montar una imagen de sí mismo donde se presenta como mesías victimizado.
A pesar de lo anterior, y sobre todo a partir el pésimo manejo de la pandemia, se multiplican los indicios y evidencias de una rampante corrupción por parte de sus funcionarios y allegados; a la vez que queda comprobada la más absoluta incapacidad técnica por parte de sus cuadros políticos de confianza, a pesar de los sistemáticos esfuerzos que hace por obscurecer los hechos.
El 31 de enero de 2021, la forma de gobernar que caracteriza a Bukele, vomitando odio, intolerancia y confrontación, dio paso al asesinato de dos militantes del FMLN, reeditando y reviviendo el triste capítulo de asesinatos políticos ya superados por la sociedad salvadoreña en los últimos años. Nuevamente, voces de personas e instituciones nacionales e internacionales que aspiran a la paz y la democracia y que han evidenciado los enormes retrocesos políticos en el país, han manifestado su preocupación por la forma autoritaria y con rasgos fascistas o dictatoriales del actual Gobierno.
El 28 de febrero se disputa, por medio del voto, la consolidación del autoritarismo o su rechazo. La ciudadanía salvadoreña tiene la histórica responsabilidad de informarse, contrastar hechos, discursos y fuentes de información para definir racionalmente su apoyo electoral. El alto riesgo es elegir un proyecto que, desde la intolerancia, el odio y la mediocridad avanza hacia la aniquilación de la paz, los derechos humanos y la democracia; u optar por el difícil y tortuoso camino de seguir construyendo democracia y paz, aun reconociendo las debilidades, errores e insuficiencias del proceso. Sin duda se hará historia, para mal o para bien.
