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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
El 10 de junio pasado, drugstore 4 Magistrados de la Sala de lo Constitucional: Belarmino Jaime, medical Rodolfo González, online Sidney Blanco y Florentín Meléndez, admitieron una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 1000 emitido por la Asamblea Legislativa, mediante el cual se autoriza al Órgano Ejecutivo emitir bonos hasta por $900 millones de dólares para ser invertidos en seguridad y programas sociales. Al admitir la demanda los magistrados dictaron una medida cautelar que implicó suspender la emisión de los primeros 100 millones de dólares que el gobierno tenía destinado para reforzar la inversión en seguridad pública.
¡Cuánto daño causa el bloqueo de fondos! ¿A quién ayuda esta decisión? ¿Es eso lo que querían quienes impulsaron o mandaron a interponer la demanda al señor René Alfonso Guevara Aguilar y siguieron endosando apoyo públicamente?
La respuesta es simple. Si a los policías les falta armamento, equipos, tecnología; quienes se favorecen son los delincuentes, sean del tipo que sean, incluso los de cuello blanco. Si las posibilidades de mejorar servicios y programas de beneficio social para los sectores más necesitados se pierden, es la población la que sufre, es el desarrollo social el que se limita. Por eso se ha urgido a los magistrados resolver de manera urgente el proceso que tienen raramente admitido y maliciosamente prejuzgado con la medida cautelar que es un juicio anticipado propio de otro tipo de recursos, como los amparos y no de las inconstitucionalidades.
Los argumentos de la demanda, son rebuscados, abusivos y falsos. Se afirma en la demanda que el dictamen no obtuvo los votos suficientes y que pasó al archivo, eso es falso. El otro argumento es todavía más rebuscado, dice que debe declararse la inconstitucionalidad porque un diputado suplente votó sin ser el suplente de la diputada propietaria que estaba ausente, en referencia a la ex diputada Sandra Salgado del partido GANA.
El rechazo de Arena a la iniciativa fue evidente desde que la petición ingresó a la Asamblea, cuando se discutió en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, y el Ministro dio las explicaciones, así como cuando se discutió en dos ocasiones para ser aprobado. Se repite la constante de que cuando algo no es del agrado del partido Arena, bajo cualquier firma de ciudadano se cuestiona ante la Sala de lo Constitucional y en ella encuentran una rápida respuesta, casi siempre en favor de lo pedido.
El ejercicio de un derecho ciudadano de pedir una inconstitucionalidad se ha pervertido, y peligrosamente se instrumentaliza el rol de una instancia del Órgano de Justicia para situar sus resoluciones al servicio de objetivos políticos de la derecha y de intereses económicos de grupos de la oligarquía.
La elección de nuestra Asamblea se realiza conforme a leyes y a la Constitución; tanto diputados propietarios como suplentes han cumplido los requisitos que conllevan representar al pueblo entero, nunca para aumentar el tamaño del parlamento y en una sesión plenaria nunca sin cumplir el artículo 131 que expresamente le da al pleno la facultad de llamar a suplentes a conformar pleno.
El artículo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea establece con claridad que “sí un proyecto de ley o una resolución no alcanza los votos requeridos para su aprobación, pasará al archivo; NO OBSTANTE, LA ASAMBLEA, PREVIA RECONSIDERACIÓN EN LA MISMA SESIÓN PLENARIA, PODRÁ ACORDAR CONOCERLO DE NUEVO O REGRESARLO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE PARA QUE SEA OBJETO DE UN MAYOR ESTUDIO”.
Reconsiderar un asunto en una plenaria es común y propio de la esencia del parlamentarismo, pues la discusión, la exposición de argumentos son la base para una decisión; y es una regla universal del parlamentarismo conforme a reglas establecidas.
Ante las necesidades existentes en nuestra sociedad y la voluntad del Presidente de la República de invertir en prevención de la violencia y la persecución frontal del delito, los fondos pedidos a finales de la legislatura anterior, aprobados con votación calificada, aún con la oposición de Arena, son necesarios para el país. Los Magistrados deben resolver conforme a la verdad, la razón constitucional y legal y conforme a la necesidad de nuestro pueblo.
