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Tomado de Univisión
El colapso de las negociaciones entre el gobierno y una coalición que intenta mantener vivo y extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) de cientos de miles de inmigrantes centroamericanos, deja una serie de interrogantes sobre el futuro de estas personas que durante años han dependido del programa para permanecer en suelo estadounidense.
¿Qué pasará después del 31 de diciembre de 2022 cuando finalicen los TPS de El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Deportará el gobierno de Biden a los más de 260,000 extranjeros protegidos por el programa, que además les otorga una autorización temporal de empleo que se renueva cada 18 meses? ¿Deben comenzar a preparar las maletas? ¿O el gobierno anunciará una nueva prórroga poco antes de fin de año?
A 24 horas del anuncio de la caída de las negociaciones, hecha por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) (que representa a los demandantes), algunas organizaciones y líderes de la comunidad inmigrante afectada hablaron con Univision Noticias para explicar “detalles” que se filtran de una negociación a puertas cerradas protegida por un “acuerdo de confidencialidad”.
Qué pudo haber sucedido
“Estamos esperando respuestas porque no sabemos qué va a ocurrir con nuestra comunidad”, dice Cecilia Rodríguez, directora ejecutiva de la Alianza Hondureña de Los Ángeles (AHLA). “Queremos saber qué pasará con el TPS de los centroamericanos. Nunca hemos tenido problemas con las renovaciones y no sabemos por qué se cayeron las negociaciones”.
Rodríguez también se queja por la falta de información respecto a las negociaciones. “Sabíamos que estaban hablando con el gobierno, pero no nos dijeron qué parte de nuestro TPS estaban negociando. Y ahora, 18 meses después de iniciado ese proceso, nos dicen que todo se les cayó, pero no está clara la información”.
A la pregunta de si entre los temas que se discutían se encontraba un nuevo TPS con camino a la residencia, la activista dijo que “escuchamos eso, pero nadie lo sabe. Ojalá nos lo digan pronto”.
Filtraciones no confirmadas
Activistas en Washington DC mencionan posibles puntos que se contemplaron en las negociaciones, pero no confirman que hayan sido las causas por las cuales se dio por terminado el diálogo aprobado en junio del año pasado por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito.
“Hemos escuchado que había diferencia respecto a cuánta protección se estaba discutiendo”, dice Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en el Distrito de Columbia. “La coalición de demandantes quería cinco años y el gobierno les insistió en que no podía excederse de las prórrogas de 18 meses autorizadas por ley”.
Núñez dijo además que “no creo que la fecha de registro haya estado sobre la mesa de negociaciones porque ese asunto va más allá de la demanda”.
La modificación de la fecha de registro abriría la puerta para que un mayor número de inmigrantes se acojan al programa. En el caso de nicaragüenses y hondureños, el TPS protege a todos aquellos que se encontraban en Estados Unidos a partir del 30 de diciembre de 1988 o antes. La protección de El Salvador ampara a todos quienes se encontraban en EEUU el 9 de marzo de 2001 o antes.
Situación delicada
Otro factor que pudo haber influido en la caída de las negociaciones es la crisis migratoria que se vive en la frontera. “Hay muchos intereses en juego”, dice Salvador Sanabria, director de El Rescate, en Los Ángeles, California.
“La negociación entre los beneficiarios del TPS y el gobierno de Biden tuvo consideraciones de tipo político y diplomático de los intereses de Estados Unidos en la región”, agregó.
“Y no se trata de una visión regional, sino bilateral que Estados Unidos tiene con cada una de las naciones, en este caso El Salvador, Honduras y Nicaragua”, dijo.
Sanabria indicó además que “dada situación crítica en esos tres países, puede haber valoraciones de tipo geopolítico de cara a los intereses de seguridad nacional, y de cómo tratar en la región la crisis y los refugiados de esos países. Todo eso tuvo impacto en las negociaciones”.
El director de El Rescate dijo además que “la decisión que se tome sobre el programa será humanitaria, de emergencia y política”. Y señaló que “el único que en este tema puede dar una solución definitiva es el Congreso, no el presidente.
A la pregunta de si estima que haya una prórroga por decisión de la Casa Blanca, el activista dijo que “esperamos que el secretario de Estado recomiende al presidente una extensión antes del vencimiento de los TPS”.
Si bien las razones del colapso en las negociaciones siguen siendo confidenciales, “lo que está claro es lo que deben hacer los miles de beneficiarios del TPS, no entrar en pánico”, dice Núñez.
Agregó que en este momento los titulares de TPS afectados “no tienen que hacer nada, y que si llega el 31 de diciembre “la gente no se quedará desprotegida”.
Núñez explicó que “al caerse las negociaciones, el panel completo de jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito debe tomar una decisión final sobre la demanda”. Y que, si el fallo es negativo, “habrá que esperar la resolución de otras demandas (casos) pendientes en los tribunales de justicia”.
El director ejecutivo de CARECEN también explicó que “la Casa Blanca de Biden también tiene la habilidad ejecutiva de proteger a esta gente, incluso con un nuevo TPS. Así es que, con todo esto por delante, no hay que entrar en pánico. Pero sí hay que estar al tanto de las informaciones que vayan fluyendo en las próximas semanas”, apuntó.
La página digital de la Alianza Nacional por el TPS tiene publicada una nota en la que menciona el tema de la residencia legal permanente para los beneficiarios del TPS.
¿Qué queremos decir con ResidencyNow?, pregunta la publicación. La repuesta señala que “reconocemos que el TPS se creó como una solución a corto plazo para problemas complejos, pero lo que brinda una comprensión más profunda de las circunstancias de los beneficiarios es comprender la agitación presente en sus países de origen”.
Agrega que el fracaso en el Congreso del debate de la reforma migratoria dejó a los beneficiarios de TPS en un limbo legal permanente. Ante esta situación, claman por la aprobación de una ley que les permita “ajustar de estatus sin tener que salir de Estados Unidos, incluso si se ingresa sin inspección” al país.
Este beneficio, añade, incluiría a todas las personas que tienen TPS y eran originalmente elegibles para el programa, incluso si no han podido continuar manteniendo su registro al día, o si su estado de TPS ha sido revocado.
