Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Sigue siendo necesario que El Salvador sea un país productivo, educado y seguro, como lo esbozó el plan quinquenal del profesor Salvador Sánchez Cerén en su plan quinquenal 2014- 2019.
Regresar a esa visión es más necesario cuando contemplamos el retroceso en que se lleva la educación por el actual gobierno inconstitucional.
Retroceso sí hay. Si buscamos el origen de los altos costos del frijol, el maíz, los huevos, encontraremos el abandono de la agricultura y la ganadería; no todo está en las limitaciones que impuso el COVID 19 al comercio internacional, o en la guerra de Ucrania, sino en la baja de la producción nacional de esos y otros alimentos.
A la base también está la opacidad, la ausencia de información pública para orientar a los actores sociales y productivos; esto hace una diferencia de la época entre 2009 y 2019 en la que se instauró y ejercitó la información al alcance de todos y la rendición de cuentas, la posibilidad de recibir critica que retroalimente la actuación del sector público.
Un país para adelantar requiere su población educada, y aunque le duela a muchos, es preciso recordar que en la década de los dos gobiernos ganados por el FMLN y apoyados por otros grupos y alianzas sociales, la educación experimentó un cambio.
Se ampliaron las oportunidades para la juventud, y se apoyó a la familia para mantener a sus hijos en la escuela sin tener que gastar en uniformes, zapatos, cuadernos y como parte de los alimentos, se hicieron esfuerzos en capacitar a maestras y maestros para la enseñanza de las matemáticas y las ciencias, se incorporó fondos para la educación en línea de la Universidad de El Salvador (UES) y los fondos necesarios que aseguraran la gratuidad a los estudiantes que provenían de institutos nacionales y para mantener un programa de becas.
Hubo mejora de infraestructura para parte de los centros educativos que debían extender la jornada, y nada de esto llevó a silenciar o volver al magisterio o a los trabajadores de la universidad nacional en activistas del partido FMLN, o en coros de aplauso digital para el presidente, lejos de eso, se mantuvo crítica de los gremios magisteriales y de las autoridades de la universidad estatal, críticas, exigencias, porque practicaban su libertad, no solo de catedra, sino de organización y de expresión.
Ahora es diferente, a los docentes se les obliga a cerrar las puertas de los centros educativos a la prensa e incluso a organizaciones sociales que eventualmente cooperan con el sector, se persigue y captura a maestras y maestros por denuncias anónimas y se les mantiene presos.
Se incumple el artículo 33 de la ley de la carrera docente que, desde 1997, estableció la obligación de la revisión salarial al menos cada tres años.
Recientemente se capturó a uno de los maestros que tiene el mérito de ser de los que en tiempos de la dictadura militar mantuvo, con otros, la lucha en defensa de los derechos del magisterio, el profesor Manuel Mira, y que fue denunciado por una de las directoras despedidas de su condición de directora. Se vive una persecución a los maestros directores.
Esa denuncia indica que los directores departamentales de San Salvador y La Libertad, nombrados por el ministro de educación, tienen la misión de buscar pretextos o inventar hechos para provocar la destitución de directores de centros educativos públicos y sustituirlos por maestros afines al partido Nuevas Ideas, violando los procedimientos que manda la ley.
Esos directores, según esa denuncia, son parte de un movimiento de docentes afines al partido de gobierno.
El reciente informe de desarrollo humano del PNUD, hay que analizarlo en globo y para cada territorio, indica en buenas cuentas la pobreza de ingresos, el retroceso en materia de oportunidades para la mayoría de la población, algo que de ninguna manera es indicativo de desarrollo.
Ese informe constata que, en vez de disminuir el analfabetismo en el país, ha aumentado y que es mayor entre las mujeres.
Se precisa un cambio de la actitud contemplativa frente a la inequidad, frente al incumplimiento de deberes de los gobernantes, frente al abandono y al mismo tiempo frente al derroche.
Se requiere educar para la participación, pues todo ser humano tiene potencial para crecer y aportar a la sociedad si se le brinda la oportunidad, si se le dan alicientes para que libere su potencial creativo, además, para aprender a convivir y a respetar las diferencias y hacer que la democracia sea factor de avance para todos.