Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
La Habana/Farc
No hay posibilidad alguna de esclarecer, troche recipe ni de aproximarse a la Verdad de lo ocurrido en Colombia durante el largo conflicto político y armado, see si la sociedad en su conjunto no tiene la oportunidad de acceder a fuentes fidedignas de información, unhealthy a la documentación que nos permita llegar a la verdad pura y limpia de lo sucedido. Es indigno de los poderes públicos impedir al pueblo el conocimiento de esa historia, única forma de no volver a repetir los errores y horrores de la confrontación.
La reconciliación ha de construirse sobre la verdad de lo ocurrido, no siendo posible alcanzarla únicamente con las explicaciones y argumentos que cada una de las parte podamos esgrimir.
Desclasificar, preservar, y garantizar el acceso a la totalidad de los documentos reservados del Estado relacionados con las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos durante el conflicto, para construir memoria, es una reivindicación legítima del movimiento de víctimas del conflicto. Es además insumo fundamental para la Comisión de Esclarecimiento y No Repetición, y materia de consulta para la Academia y la Justicia. Así lo consideramos.
Abrir los archivos documentales sobre el conflicto no es un antojo de las víctimas, tampoco es una medida extraordinaria o una simple ocurrencia de las FARC-EP. Es una insoslayable obligación que los Estados han acometido con decisión y valentía en todos los procesos de construcción de paz o de transición a la democracia desde regímenes autoritarios a partir del final de la II Guerra Mundial.
De hecho, es una obligación que el Derecho Internacional impone al Estado en estos procesos, y así fue reconocido y asumido por ambas partes cuando aprobamos el “Punto 5º, Esclarecimiento de la Verdad”, de la “Declaración de Principios para la discusión del punto 5º de la agenda, Víctimas”, en junio de 2014. La negativa a abrir plenamente los archivos del Estado relacionados con el conflicto, aparte de constituir un fraude a las víctimas, es una infracción de una obligación establecida en el Derecho Internacional que el Gobierno tiene que cumplir cabalmente.
Este deber de abrir los Archivos se establece sin margen posible de interpretación en el “Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad” aprobados el 8 de febrero de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, concretamente en los principios 14 al 17, con la finalidad de evitar la impunidad, hacer valer eficazmente los derechos de las víctimas, permitir la defensa de los victimarios y garantizar el libre acceso de las comisiones de la verdad y de los tribunales, única forma de que estas instituciones puedan desempeñar eficazmente sus funciones.
Pedimos al Gobierno Colombiano que atienda a la mayor brevedad y de forma plena, esta exigencia de las víctimas del conflicto y del derecho internacional. Hacemos un llamamiento expreso a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía de la Nación y al Defensor del Pueblo para que unan su voz a las muchas, que dentro y fuera de Colombia, están clamando por la apertura de los archivos relacionados con el conflicto. Creemos que estas instituciones, más allá de estar obligadas a velar por el estricto respeto a las normas nacionales e internacionales conforme a sus respectivos mandatos, deben también hacerlo como muestra de reconocimiento y compromiso con las víctimas.
