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Licenciada Norma Fidelia Guevara de Ramirios
Por demandar el no cobro de diez colones a los estudiantes universitarios en una agencia bancaria frente a la Fuente Luminosa recibí por primera vez un culatazo de fusil de parte de un agente de seguridad privada, por el mismo motivo, otro en otra agencia de la 29 calle en San Miguelito; viví el 30 de julio llevando la manta delantera cuando fuimos reprimidos frente al Seguro Social. Se lo que fue la represión de la dictadura.
Viví el 30 sangriento de 1975, el 28 de febrero en la Plaza Libertad; el 4 de febrero de 1980 fui capturada, un escuadrón de la muerte se hizo cargo, mientras era torturada en el cuartel central de la Policía Nacional. Escapé muchas veces con apoyo solidario de gente del pueblo, algunos con opción de lucha como la mía, y otras de seres humanos sencillamente solidarios.
Por voluntad propia me hice y seré militante de izquierda, y por tanto luchadora que sabe en lo más profundo lo que es ser víctima de un régimen de dictadura; por eso no quiero para mi patria que eso se repita bajo ningún esquema, aunque sean civiles los que pretenden implantarla ahora.
He leído con detenimiento el decreto aprobado por las fracciones de ARENA, PCN y PDC, he leído las críticas al mismo de parte de la UCA y de otras entidades en las que reconozco genuino interés de justicia y conozco por experiencia de diputada que fui, que es mejor tener una ley imperfecta a la que se puede hacer reformas, a carecer de ella. Por eso concuerdo con el abogado Arnau Baulenas, quien tuvo el coraje de pedir en público que no vetaran el decreto, o que se supere el veto.
Coincido porque valoro lo que pierden las reales víctimas, empezando por las más de 6,000 que tienen registro de tales y que el decreto vetado reconoce como la base del Registro de Víctimas; porque valoro lo grande que sería la institucionalidad descrita en el Artículo 4 que crea el Sistema Nacional de Protección, y la creación de un Consejo Nacional de Reparaciones (CONREPARA) con participación de asociaciones de víctimas y de organismos que velan por los derechos humanos, ministerios claves como Hacienda, Educación y Salud y la Procuraduría General de La República.
Coincido en que ese decreto debe convertirse en ley, porque se asigna en él, un rol importante a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Universidad de El Salvador; se establece el acceso a los archivos militares y policiales lo que será valioso para la reconstrucción histórica de la verdad.
Coincido con quienes hasta con temor piden que se supere el veto, para que surja el Museo de la Memoria Histórica bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura, y por la posibilidad de involucrar a las asociaciones locales de victimas y los gobiernos municipales para identificar los sitios de interés histórico relacionado con las violaciones a los derechos humanos a lo largo de todo el territorio.
Si se supera el veto, se creará el Fondo de Reparaciones con 10 millones de dólares como semilla y los fondos que el mismo CONREPARA demande en cada presupuesto; habrá espacio para un banco genético que permita identificar los restos que en los procesos de búsqueda y de enjuiciamiento puedan aparecer; se incorporaría la memoria en el currículo educativo nacional, policial y militar.
Se qué pasa cuando una observación o un veto se va al archivo, se perderían la posibilidad de indemnización por única vez, pensiones para las victimas, equivalentes a las que reciben los veteranos de guerra, las indemnizaciones especiales para las personas reencontradas que están establecidos en ese decreto vetado. Estos y otros beneficios se pierden con el veto; por eso debería superarse.
Estoy convencida que es conveniente que existan esos beneficios, aunque jamás podrían compensar el dolor, las pérdidas de vidas, los sufrimientos padecidos; pero representen el reconocimiento de parte del Estado a la dignidad de quienes sufrieron la crueldad de la dictadura y en el enfrentamiento descrito por la Comisión de la Verdad como “locura”.
No comparto la opinión de quienes califican de impunidad o amnistía disfrazada la parte de justicia; si hay base para enjuiciar a responsables de los dos delitos ordenados por la Sentencia, las dificultades están en la capacidad de probarlos por parte de la fiscalía; pero sacrificar los beneficios del decreto con el veto, o la no superación del mismo; en mi opinión, es una injusticia grande que además impide a la Sala de lo Constitucional, juzgar si es o no inconstitucional.
