Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
Las negociaciones que celebra el GOES con el FMI para concretar un rescate financiero llevan a la fecha varios meses, y se han centrado en tres aspectos puntuales.
Consideremos previamente los antecedentes.
El actual gobierno en primera instancia ha tenido más acceso a recursos financieros que cualquiera, lo que fuera logrado gracias al manejo de estas como la consecuente acumulación de reservas que lograra la gestión de izquierda anterior, y que fuera como todos recordamos, celebrada por la banca multilateral.
Esa carta de presentación, manejada hábilmente por el actual gobierno frente a esa misma banca multilateral, le valió la contratación de hasta 22 mil millardos de dólares – 22 seguido de 24 ceros -, los cuales empero no están reflejados en obras físicas o inversiones que las justifiquen, pues lo que hemos visto inaugurarse, son las obras que el anterior gobierno impulsara, financiara y fueran concluidas ahora, así como ampliaciones de estas y otras, y las consabidas donaciones, apropiadas en medio de sendas campañas de propaganda.
Por otro lado, la no rendición de cuentas implementado por este ilegal gobierno, como la anulación de la institucionalidad y la consecuente nula transparencia, aunado a sus distópicos emprendimientos, como el del bitcoin, más el desmedido grado de corrupción en que ha degenerado el mismo, anularon la inversión.
Finalmente, el clima de inseguridad jurídica generalizado, sumado a la inexistencia de políticas sociales y laborales, solo ha producido el efecto de olla de presión, que ya manifiesta su agotamiento, y que más temprano que tarde producirá un nuevo estallido social.
Estos elementos, previstos por el FMI en su revisión del caso salvadoreño con la reticencia del régimen, han supuesto los mayores escollos de la tal negociación.
Comprendamos que no son una consideración del FMI en razón de las implicaciones humanas y sociales, sino para garantizarse la recuperación de la inversión implicada en esta negociación.
Así se ha propuesto en primer lugar lograr para los siguientes 3 años, un balance fiscal en torno al 3,5% del PIB, estableciendo así la sostenibilidad de la deuda pública, y que debemos traducir en la anunciada medicina amarga que aquellos simples aceptaron en medio de sonrisas, y que implica entre otros, recortes a lo laboral.
Se establece entonces un plan de recuperación de las reservas técnicas financieras del estado, promoción del sector privado y recortes al sector público.
El tema medular son la gobernanza y la transparencia para atraer inversión, lo que supone enfrentar la corruptela promovida por el régimen, como perseguir el blanqueo de capital sucio proveniente de su aliado el narco.
El bitcoin ha sido dejado fuera de las negociaciones [FMI].
Está demás decir que esto implica el fracaso del régimen por el desmontaje de la mascarada que padecemos.
Implica además que no fuimos capaces de ver el equívoco de esa elección, por lo que sufriremos el coste que supondrá construir la legalidad finalmente.