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Montreal / AFP
La Asamblea Nacional de Quebec aprobó el domingo un controversial proyecto de ley sobre inmigración, que provocará la anulación de hasta 18.000 solicitudes de ingreso de migrantes en esta provincia francófona de Canadá.
Tras una maratónica y excepcional jornada convocada por el partido oficialista Coalition Avenir Québec (CAQ, centroderecha), el proyecto de ley fue aprobado hacia las 04H00 locales del domingo (08H00 GMT), según anunció en Twitter el responsable de Inmigración de la región, Simon Jolin-Barrette.
El texto prevé una reforma del proceso de selección de candidatos, que en adelante se basará en la idoneidad de las competencias profesionales según las necesidades de mano de obra de Quebec.
La ley provocará la anulación de hasta 18.000 expedientes de candidatos, que afectan a un total de 50.000 personas si se considera también a las familias de los solicitantes. Esos casos se entregaron siguiendo los reglas del sistema anterior, basadas en el principio de que el que llega primero es atendido primero.
Esos candidatos deberán entregar una nueva solicitud en el marco del nuevo sistema. El gobierno provincial ha prometido que los retrasos en el tratamiento de los expedientes de los trabajadores calificados se reducirán de 36 a 6 meses gracias a esta reforma.
«Modificamos el sistema de inmigración en pro del interés público, porque logrará que haya una inmigración relacionada con las necesidades del mercado laboral», explicó Jolin-Barrette.
La oposición denunció al proyecto de ley como «inhumano», y fustigó la «incapacidad» del gobierno para justificar el abandono de los casos pendientes.
El gobierno provincial del primer ministro François Legault, que cuenta con mayoría en la Asamblea, recurrió a un procedimiento especial parlamentario que le permitió limitar el tiempo dedicado a debatir un proyecto de ley.
Su partido llegó al poder en octubre con la promesa de reducir 20% el número de inmigrantes y refugiados que recibe cada año Quebec.
Luego de un breve corte para dormir, los parlamentarios regresaron a sus labores el domingo después de las 9 de la mañana para estudiar otro proyecto polémico, que trata sobre laicidad.
El texto prevé la prohibición del uso de símbolos religiosos a funcionarios y jerarcas públicos de distintas categorías, incluyendo a policías, jueces y docentes.
Este proyecto fue una de las principales promesas de campaña de Legault, quien se encuentra en las antípodas de la posición liberal y multicultural que defiende el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
