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Redacción Nacionales
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Durante el desalojo en la Isla Tasajera cerca de cinco manzanas de plantaciones de marañón fueron quemadas, en este acto hicieron cenizas dos años de trabajo de las familias, por lo cual, los afectados exigieron que la Familia Closa, Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC) reparen los daños.
Las familias afectadas pidieron justicia y la ayuda del gobierno para recuperar las plantaciones de marañón quemadas, ya que la Familia Closa ha ocasionado los delitos de daños agravados, actos arbitrarios y allanamiento sin autorización.
“Queremos denunciar los actos donde han dañado la integridad física, emocional y psicológica, han dañado a nuestras mujeres y niños, así como nuestras pertenencias, cultivos y cercados con que los protegemos”, dijo Leonardo Funes, presidente de ADESCO Isla Tasajera, La Paz.
Asimismo, cuestionó por qué instituciones gubernamentales estén a favor del desalojo, pues hay cláusulas donde el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donó los terrenos de la Isla Tasajera al Estado, sin embargo, ahora las reclaman como zonas privadas cuando está protegido por el gobierno de El Salvador.
Uno de los casos de abusos y daños es el de Esteban Pineda, quien murió hace 4 meses y le heredó a su hijo una casita en la Isla Tasajera, la cual fue destruida, por lo cual, se ha visto obligado a vivir con otros familiares.
“Estos señores que paguen los daños, por tanta crueldad que han hecho con la gente de Tasajera, nos están destruyendo los cercos, las casas. Creo que las promesas que él nos dio son al contrario”, recalcó uno de los habitantes, en referencia a una promesa del ahora presidente de la República Nayib Bukele.
También, se destruyeron al menos 500 metros de cercos, parte de ellos, eran de Juan Flores, quien perdió todos los cultivos que tenía en su parcela.
En los últimos días la organización Reverdes ha recibido una serie de ataques por dar acompañamiento a las familias de la Isla Tasajera, cuando en esta coyuntura se debería criminalizar los daños irreparables que ha ocasionado la Familia Closa.
Según los afectados, esta disputa se originó a partir del deseo de desarrollar el megaproyecto turístico “Cancún de El Salvador”, que incluye hoteles, bares, restaurantes y centros comerciales, aunque en 2020 para intentar concluir el conflicto, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, negoció que la familia Closa para reubicar a 11 familias que están en la supuesta propiedad de los Closa.
